El despido de Jeff Sessions pone en peligro la investigación del Rusiagate

El nuevo fiscal general ha cuestionado al fiscal Mueller y promovido obstaculizarle

Whitaker sustituye a Sessions como fiscal general de manera interina
Whitaker sustituye a Sessions como fiscal general de manera interina

Nueva York / corresponsal

Estados Unidos amaneció ayer en shock tras la dimisión forzada del fiscal general, Jeff Sessions, y la elección como su sustituto de Matthew Whitaker, un férreo crítico de la investigación sobre la trama rusa que atormenta a la Casa Blanca. «Esto no es una crisis constitucional», negó la consejera y mano derecha de Trump, Kellyanne Conway, ante la acusación lanzada por los demócratas

La oposición progresista cree que el despido de Sessions pone en peligro la investigación del Rusiagate, ya que, a pesar de que está en manos del fiscal especial Robert Mueller, la supervisión es competencia del fiscal general de EE.UU.. Sessions se recusó de la misma, un acto que nunca perdonó el presidente, y la dejó en manos de su segundo, Rod Rosenstein. Ahora Trump da provisionalmente a Whitaker la autoridad para supervisar las pesquisas, quitándoselas a Rosenstein.

Ahora Trump da provisionalmente a Whitaker autoridad para supervisar las pesquisas, y se la quita a Rosenstein Whitaker, hasta ahora jefe de personal de Sessions, ha cuestionado el alcance de la investigación y se ha pronunciado públicamente sobre las formas en que un fiscal general teóricamente podría obstaculizarla. En agosto del 2017, escribió una columna de opinión en la que aseguró que era hora de que Rosenstein ordenara a Mueller que restringiera «el alcance de su investigación», especialmente en lo que se refería a los lazos financieros de Trump con Rusia, ya que iba «más allá del alcance de su mandato como fiscal especial».

Se cree que es en ese ámbito donde Whitaker podría echar una mano al presidente. Mueller ya tiene muy avanzada la investigación de los vínculos de la campaña de Trump y el Kremlin, y se espera que presente nuevas acusaciones en las próximas semanas. Hasta el momento, hay 34 personas acusadas.

Whitaker podría evitar que se indague en las finanzas de Trump con Rusia Los demócratas, que a partir de enero controlarán la Cámara de Representantes, ven a Trump muy cerca de cruzar la línea roja. Pero el presidente se enfrenta a la nueva realidad política y ya ha perdido el poder de emprender cualquier acción sin temor a las represalias del Congreso. Ahora, el Partido Demócrata podrá convocar audiencias, llamar a testigos e investigar en el Congreso. «Ganamos con la promesa de restaurar la responsabilidad en el Ejecutivo y eso es lo que vamos a hacer», confirmó la legisladora Cheri Bustos.

Fallo a favor de los «dreamers»

Justo ayer, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito golpeó con dureza uno de los legados de Sessions. Un panel de tres jueces dictaminó ayer que el Gobierno de Donald Trump no puede eliminar DACA, el programa con el que su antecesor, Barack Obama, protegió de la deportación a 700.000 inmigrantes que llegaron de forma ilegal a Estados Unidos cuando tenían menos de 16 años, los llamados dreamers (soñadores).

El fallo definió la decisión del Ejecutivo como «arbitraria, caprichosa y no conforme a la ley». Sessions, ultraconservador y defensor de la política de mano dura contra la inmigración ilegal, fue uno de los principales opositores del DACA. De hecho fue él como fiscal general quien firmó la cancelación del programa en el 2017 bajo las órdenes de Trump. La decisión del tribunal prácticamente garantiza que el proceso acabará en manos del Supremo.

La hospitalización de una juez progresista del Supremo despierta el temor a un nuevo nombramiento de Trump

Ruth Bader es, a sus 85 años, la jueza decana del Tribunal Supremo
Ruth Bader es, a sus 85 años, la jueza decana del Tribunal Supremo

La hospitalización de una jueza progresista del Supremo despierta el temor a un nuevo nombramiento de TrumpLa magistrada Ruth Bader Ginsburg, una de las voces progresistas de mayor peso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, fue ingresada ayer en un hospital de Washington tras haberse roto tres costillas al caer en su oficina. Ginsburg forma parte de la minoría progresista, después de que el nombramiento del juez Brett Kavanaugh inclinase la balanza del tribunal a favor de posturas más conservadoras -cinco frente cuatro-.

A sus 85 años y a pesar de superar la edad media de jubilación de los magistrados del Supremo, parece que la jueza no tiene planeada una salida a corto plazo, ya que contrató asistentes jurídicos para el período que se extiende hasta el año 2020. Su accidente, sin embargo, ha hecho sonar todas las alarmas entre los demócratas porque Ginsburg es la líder del ala liberal del tribunal y su marcha supondría que Donald Trump movería ficha para nombrar a otro juez conservador, el tercero bajo su mandato.

Derechos civiles

Cuando tenía 60 años, Ginsburg logró ser en 1993 la segunda mujer en acceder al alto tribunal federal a propuesta del entonces presidente Bill Clinton, como una consagrada defensora de los derechos civiles en el país, una condición que la ha consolidado en el 2018, 25 años después, como una celebridad a nivel nacional.

Ginsburg rechazó las sugerencias de algunos progresistas que intentaron que renunciase durante los dos primeros años del segundo mandato de Barack Obama. En aquel momento, los demócratas controlaban el Senado por lo que muy probablemente hubieran confirmado a un sucesor liberal. Las cosas ahora son bien distintas. Las elecciones legislativas del pasado martes reforzaron la mayoría republicana en la Cámara Alta, facilitando así la confirmación de los jueces nominados por Trump.

Uno de los mayores éxitos del magnate de hecho, ha sido la consolidación de la balanza al lado conservador en el Supremo, tras la llegada de los magistrados Neil Gorsuch y el polémico Kavanaugh. Y es que el republicano es muy consciente de que este tipo de designaciones vitalicias suponen dejar su huella durante varias generaciones.

La Casa Blanca utiliza un vídeo manipulado para vetar al periodista de la CNN

Decenas de periodistas, medios y asociaciones de prensa cerraron ayer filas en torno a Jim Acosta, el periodista de la CNN vetado por la Casa Blanca. Donald Trump cruza un nuevo límite democrático al ser la primera vez en la historia que revoca las credenciales a un periodista. El corresponsal se enzarzó el miércoles en un rifirrafe con el presidente, que después de responder a varias de sus preguntas le retiró la palabra. «Deja el micrófono... Te diré una cosa, la CNN debería estar avergonzada de sí misma por tenerte a ti trabajando. Eres un maleducado, una persona terrible», dijo mientras Acosta forcejeaba por el micrófono con una becaria de la Casa Blanca.

La portavoz Sarah Sanders justificó la decisión acusando al periodista de haberle puesto «la mano encima» a la becaria y para ello se sirvió de un vídeo manipulado del portal ultraderechista Infowars. «Puso sus manos sobre la joven que estaba haciendo su trabajo», dijo Sanders, tras colgar en las redes la versión trucada, en la que se acelera el único momento en que el brazo del periodista y el de la joven entran en contacto en pos del micrófono.

La manipulación enfureció a la CNN: «Sanders ha mentido. Ha proporcionado acusaciones falsas y citado un incidente que nunca ocurrió. Esta decisión sin precedentes es una amenaza a nuestra democracia». A esta denuncia se sumaron decenas de periodistas. «Eso no ocurrió», tuiteó Jeff Mason de Reuters. «Utilizan la mentira para castigar a un reportero», denunció la corresponsal de The New York Times Maggie Haberman, quien además calificó los hechos de «una muy mala señal».

Contra la libertad de prensa

El sector periodístico acusó al Ejecutivo de atacar a la libertad de prensa. La Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca calificó la acción de «inaceptable, débil y equivocada», al tiempo que exigió la devolución de la acreditación a Acosta. En la misma línea se pronunció el Comité para la Libertad de Prensa: «Emplazamos a la Casa Blanca a reconsiderar esta extralimitación del poder y restablecer de inmediato la acreditación».

«Estamos consternados por la violencia verbal del presidente contra los medios y las tentativas de privar al periodista del micrófono para impedirle hacer preguntas que incomodan. Es intolerable», añadió la Federación Internacional de Periodistas, que representa a 600.000 periodistas en 134 países.

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