Ortega expulsa a la ONU de Nicaragua

La decisión llega como reacción al informe de la misión de derechos humanos, que denunció el «alto grado de represión» del Gobierno contra los opositores


bogotá / E. La Voz

Daniel Ortega parece decidido a plantar cara a la comunidad internacional. El Gobierno nicaragüense expulsó ayer del país a una misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). Managua dio dos horas a los funcionarios de la ONU para abandonar el país, según Vilma Núñez de Escorcia, directora del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), considerado por el oficialismo como un enclave opositor. «Es una decisión insólita, injusta y desproporcionada», dijo la activista, quien cree que la expulsión es un «mensaje grave a la comunidad internacional».

La medida fue comunicada mediante una misiva hecha pública por la prensa nicaragüense y por José Miguel Vivanco, director de la oenegé Human Rights Watch. El ministro de Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, firma la carta. Destaca que la Acnudh fue invitada el pasado 19 de junio «con el fin de asegurar el desmantelamiento de los tranques» y que, «considerando que han cesado las razones» originarias de la convocatoria, comunica a la misión de la ONU que «da por concluida la invitación y finalizada la visita».

La expulsión se produce dos días después de la publicación de un duro informe de la Acnudh sobre las protestas antigubernamentales iniciadas el pasado 18 de abril, que han dejado más de 300 muertos, según los funcionarios de Naciones Unidas. El texto señala un «uso excesivo de la fuerza» y violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades nicaragüenses y las fuerzas paramilitares afines al presidente Ortega. Esos civiles armados progubernamentales actúan con el beneplácito de las autoridades y altos cargos estatales, y a veces de forma coordinada con los mismos, según la Acnudh.

En el compendio de violaciones a los derechos humanos, los funcionarios de la ONU incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y criminalización de líderes sociales y de periodistas críticos. «Este patrón instauró un clima de miedo y desconfianza en la población. El nivel de persecución es tal que muchos de los que participaron en las protestas, defendiendo los derechos de los manifestantes, o simplemente expresando una opinión disidente, se escondieron, abandonaron Nicaragua o tratan de hacerlo», dice la Acnudh.

El Gobierno nicaragüense rechazó el informe. Cree que la Acnudh «se extralimitó» en sus funciones y prejuzga lo ocurrido. «Si el torturado es sandinista no existe. Los 22 policías asesinados no existen. Para ellos los terroristas golpistas son unos angelitos que no torturaron a nadie, no mataron a nadie», dijo Ortega en un mitin el miércoles. El presidente acusó a la Acnudh de ser «un instrumento de la política de la muerte, del terror y la mentira, de la infamia» controlado «por los poderosos, por los que se adueñaron de continentes enteros, por los que cometieron genocidios sobre pueblos enteros». El informe de los funcionarios de la ONU podría ser discutido en el Consejo Permanente el miércoles.

Presos en huelga de hambre y miles de exiliados en Costa Rica

Al menos 120 personas que participaron en las protestas antigubernamentales de Nicaragua están recluidas en el sistema penitenciario del país centroamericano, según la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Un grupo de 26 reos iniciaron una huelga de hambre para pedir que se respeten sus derechos y exigir su liberación. Los presos pidieron, asimismo, que se autorice el ingreso a las cárceles a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA). «Hemos perdido el miedo y estamos dispuestos a entregar la vida por nuestra patria y la libertad», expresaron los reos mediante una misiva. Muchos de quienes participaron en las protestas emigraron de manera legal o clandestina a los países vecinos para evitar una posible detención.

Daniel Ortega admitió el miércoles que unos 26.000 nicaragüenses cruzaron la frontera sur hacia Costa Rica y pidió a las autoridades de aquel país un listado de las personas que solicitaron asilo. Su intención es identificar a quienes cometieron «actos terroristas» para su procesamiento judicial. «Si se sienten libres de pecado pueden regresar con la seguridad de que nadie los va a detener», dijo el presidente. El canciller costarricense rechazó entregar lista alguna pocas horas después y confirmó que más de 26.000 nicaragüenses pidieron refugio en su territorio.

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