Los colombianos votan reducir los sueldos de los políticos y la duración en los cargos
26 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Colombia vota hoy una consulta anticorrupción que ha vuelto a poner sobre la mesa la división política que vive el país tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC y las elecciones presidenciales de junio.
Los habitantes del Estado sudamericano están llamados a decidir sobre siete cuestiones, como limitar la duración de los cargos de elección popular a doce años o reducir el sueldo de los congresistas desde 40 salarios mínimos a 25, hasta dejarlo en unos 5.000 euros mensuales.
El nuevo presidente, Iván Duque, ha vuelto a expresar su apoyo a la consulta, promovida por un grupo de congresistas de centroizquierda y rechazada por buena parte de la clase política tradicional de Colombia. «El país que queremos construir es el país donde se le pone punto final a las amenazas de la criminalidad sobre los ciudadanos. La lucha contra la corrupción es de todos. No es ni izquierda, ni es derecha, y todos los esfuerzos sirven», dijo ayer el líder colombiano en Cartagena de Indias.
Su opinión contrasta con la de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, quien prefiere apoyar unas propuestas anticorrupción presentadas al Congreso por el Gobierno en lugar de someterlas a un referendo popular.
El rechazo del uribismo
Otros prominentes parlamentarios de la derecha uribista se han expresado en los mismos términos que el ex líder del país sudamericano. Creen que el centro izquierda está usando la consulta como una plataforma para tomar impulso de cara a los comicios locales y regionales de 2019.
No han coincidido los mensajes de Duque y Uribe con respecto a la consulta, alimentando las mesas de debate. Hay quien cree que el presidente podría separarse paulatinamente de su mentor, como ya hizo el ex presidente Juan Manuel Santos, considerado como un traidor por el uribismo.
La consulta anticorrupción plantea también a los ciudadanos la obligatoriedad de que los congresistas hagan públicas sus declaraciones de impuestos, así como la prohibición de sentencias alternativas a corruptos, como el arresto domiciliario, y el uso de un nuevo formato de contratación para evitar el fraude en la asignación de empleo público.
La corrupción le cuesta al Gobierno 50.000 billones de pesos colombianos al año, unos 14.600 millones de euros al cambio, equivalentes al 5,3% del PIB del país sudamericano.
Saqueo de cuentas y sobornos
Entre los actos más comunes se cuentan el saqueo del presupuesto para Salud y Educación, la compra de votos, y los sobornos para la obtención de contratos públicos. Alrededor del 18 % de la contratación pública se ve afectada por coimas.
El éxito de la consulta anticorrupción dependerá de la participación. Cada pregunta debe ser votada por un tercio de los electores -unos 12,2 millones de personas- para ser validada. En la segunda vuelta de las presidenciales, el 17 de junio, votaron 19,9 millones de personas.
El debate político se calentó a principios de semana, cuando el líder opositor, Gustavo Petro, denunció que el Consejo Nacional Electoral había rechazado otorgar personalidad jurídica a su movimiento político, conocido como Colombia Humana. «Ocho millones de electores y presencia en el Senado no les pareció suficiente», criticó Petro. El CNE aseguró horas después que la personalidad jurídica de Colombia Humana sigue en estudio.