El caso de que un presidente pueda ser llevado a juicio es un objeto de disputa legal. Dado que goza de inmunidad mientras sirve en el cargo y técnicamente no se le pueden atribuir delitos, el caso de una imputación requeriría un voto del Supremo para autorizarla.
En el escenario político, una posible moción de censura por conspirar con Rusia para ganar las elecciones necesitaría una mayoría demócrata en el Congreso para llevar a cabo el impeachment (destitución). Para ello, los demócratas deberían ganar en noviembre en la Cámara de Representantes y en el Senado.
Con los datos que se conocen, la base de una potencial acusación contra el presidente no cuenta aún con pruebas contundentes para sostener el caso. Con gran parte de la investigación bajo secreto, la posibilidad de una imputación es materia de especulación. En otro posible escenario, Cohen podría obtener inmunidad por parte del fiscal especial y del Congreso demócrata, lo que garantizaría un caso sólido en la moción de censura.
Los paralelismos con Richard Nixon no escapan a nadie, particularmente en Washington entre una generación que creció bajo el escándalo del Watergate. El caso de Trump es mucho más serio porque es la primera vez en la historia en que un acusado por las autoridades federales inculpa a un presidente de un delito grave durante su mandato.
Mientras, los numerosos enemigos de Trump desfilan por los debates de los medios golpeando los clavos argumentales del ataúd presidencial. Entre ellos, el abogado de Stormy Daniels, Michael Avenatti, reivindicado por las condenas de los exasociados del presidente y que se ve como aspirante demócrata a la Casa Blanca para el 2020. Para ello habrá que esperar todavía al acto final del drama de Trump.