Los ciudadanos comunitarios podrán quedarse en el Reino Unido si no hay acuerdo del «brexit»

Los 3,8 millones de inmigrantes de la Unión Europea que residen en la isla mantendrán su acceso al Servicio Nacional de Salud y a las ayudas estatales


Londres / E. La voz

Los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido podrán quedarse en el país en caso de que Londres y Bruselas no lleguen a un acuerdo final del brexit, según un documento del Gobierno de Theresa May divulgado ayer por The Daily Telegraph.

El Ejecutivo habría tomado esa medida unilateral ante el temor de que los europeos que trabajan en sectores como el sanitario, la asistencia social, la construcción y el turismo decidan abandonar el país tras la salida de la UE. De ser finalmente puesto en marcha, los 3,8 millones de inmigrantes de la Unión Europea que residen en la isla mantendrán su acceso al Servicio Nacional de Salud y a las ayudas estatales. Además, también podrán traer a sus cónyuges y «familiares cercanos».

El Gobierno británico lo garantizará independientemente de si Bruselas acepta hacer lo mismo con los británicos que viven en España o en otros países comunitarios. En esa línea, el documento puntualiza que los derechos de los nacionales de la UE son «uno de los aspectos más importantes» de la planificación de una salida del bloque común sin acuerdo.

«Hacer una oferta [a los comunitarios] no solo es importante para dar certeza, sino que permitirá al Gobierno del Reino Unido tener autoridad moral», expone el extracto del documento filtrado al diario conservador, que fue presentado en julio a los ministros.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro del país en los próximos meses, May anunció que a partir del jueves se harán públicos más de 70 «indicaciones técnicas», dirigidas a empresas, ciudadanos e instituciones públicas, en preparación para el caso de que no haya una salida con acuerdo de la UE, el 29 de marzo del 2019. Desde el Gobierno se expone que serán «serios» y que no pondrán en marcha el «proyecto del miedo», después de una reacción negativa por parte de los diputados euroescépticos conservadores, quienes acusaron a la primera ministra de adoptar un enfoque kamikaze en un primer momento.

La propuesta fue bien recibida incluso por algunos diputados eurofóbos. Jacob Rees-Mogg, quien recalcó como «siempre pensé que deberíamos hacer una oferta unilateral en esta área. Los inmigrantes de la UE vinieron aquí legalmente, y el Reino Unido no es el tipo de país que aplica una legislación retrospectiva. Deben tener, en general, los mismos derechos que los ciudadanos británicos, ni mejores ni peores».

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