Salvini pide a España que reciba la «carne humana» de otro barco

Impide el desembarco en Italia de 224 personas salvadas por una oenegé frente a Libia


roma / corresponsal

Suma y sigue. La política de mano dura del nuevo Gobierno italiano contra las oenegés que operan en el Mediterráneo vivió ayer un nuevo episodio con la advertencia de Matteo Salvini a la nave fletada por la organización alemana Lifeline de que «no tocará suelo italiano» con los 224 inmigrantes que rescató frente a las costas de Libia. El también ministro del Interior siguió con sus provocaciones al sugerir a España, Francia o Gibraltar que se hagan cargo de la «carga de carne humana» del buque.

Desde donde más le gusta, que son las redes sociales, el líder de la xenófoba Liga acusó a la embarcación, que tiene bandera holandesa, de haber desoído las órdenes de la Guardia Costera de que «no se movieran ya que de los inmigrantes se ocupaba Libia». «¿Y qué hicieron estos desgraciados? Poniendo en peligro las vidas de los migrantes, no escucharon a las autoridades italianas y libias e intervinieron forzosamente para hacer su carga de carne humana». Para Salvini, Lifeline ha actuado así no «porque son buenos» sino porque tienen «otros intereses», que no probó, en referencia a las acusaciones de que las oenegés son «taxis del mar».

El cierre de los puertos italianos es ya una realidad. «Llevaos a toda la carga de seres humanos a Gibraltar, a España, a Francia o a donde queráis», escribió el ministro que, además, exigió a Madrid y a París que cumplan con el plan de reubicación acordado con Bruselas y que se hagan cargo de los miles de inmigrantes que les corresponden y están ahora en Italia. Mas cauto fue el ministro de Transporte, Danilo Toninelli, perteneciente al Movimiento 5 Estrellas. Aunque aseguró que Lifeline «está actuando en aguas libias al margen de cualquier regla», aseguró que la prioridad es «el salvamento de vidas humanas» por lo que ordenó emplear la misma táctica que con los inmigrantes rescatados por el Trenton, esto es, trasvasarlos en alta mar a naves de la Marina italiana que los llevarán posteriormente a tierra. Por su parte, la embarcación de la oenegé será conducida a puerto e inmovilizada para ser sometida a una investigación.

Según Colpisa, el estridente ministro del Interior hizo además un anuncio que complicará aún más la supervivencia de los inmigrantes que se echan al mar en busca de una vida mejor en Europa. «Las naves de la Guardia Costera y de la Marina militar estarán más cerca de las costas italianas», dijo. Si los barcos italianos están menos presentes en el Canal de Sicilia, a los buques de las oenegés se les hace la vida imposible y Europa no se decide a desplegar una misión más potente que la actual, se vuelve a una situación similar a la de octubre del 2013, cuando al menos 366 personas murieron al naufragar el cascarón con el que intentaban llegar a la pequeña isla de Lampedusa.

La UE reclama a la ONU nuevas normas de desembarco 

cristina porteiro

La contumacia de Matteo Salvini, que ayer rechazó el desembarco en Italia de las 224 personas a bordo del Lifeline supone un quebradero de cabeza para Bruselas. Si los países vecinos ribereños adoptan la misma actitud, ¿a dónde dirigir la embarcación? ¿Quién debe hacerse cargo de atender a los supervivientes?

La Comisión Europea trató ayer de salvar los muebles de la UE cuestionando la obligación de sus estados miembros a auxiliar a los migrantes. Lo hizo nada menos que su comisario de Migración, Dimitris Avramopoulos.

El griego sabe que será imposible vencer la resistencia de Salvini así que ha optado por justificar su decisión y apuntar con el dedo a la legislación internacional «poco clara» como causante del conflicto. «Italia ha hecho frente a una responsabilidad mucho mayor que sus vecinos. Tiene razón cuando pide cambios. Las normas internacionales no están nada claras, por eso se echan la culpa unos a otros», explicó. Su equipo ha pedido a la ONU que despliegue un régimen regional de desembarco que permita coordinar las acciones en el Mediterráneo y acabe con las disputas nacionales sobre quién debe abrir los puertos a los barcos de rescate.

Atrás quedaron los golpes de pecho y el sonrojo por la nefasta gestión de la crisis migratoria. Bruselas endurece el discurso, en línea con el ánimo de los nuevos gobiernos ultraderechistas en Europa. «Que una persona embarque en una lancha no quiere decir que le dé un billete de entrada a la UE sin más», deslizó obviando la obligación de asistir a cualquier náufrago o persona que demande protección internacional.

La Comisión Europea está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para confinar a los migrantes al otro lado el Mediterráneo y eso incluye extender cheques a Marruecos, Argelia, Níger, Túnez, Turquía o Egipto para que controlen y contengan los flujos migratorios. Eso sí, las cancillerías deberán rascarse el bolsillo si quieren contar con la colaboración de sus vecinos norteafricanos. Avramopoulos, quien se mostró inicialmente escéptico, apoyó ayer la creación de centros de concentración de migrantes en esos terceros países y países de origen. La propuesta genera enormes dudas legales y éticas, razón por la cual el griego trató de maquillar el proyecto, apadrinado por varias capitales europeas: «No estoy de acuerdo con un sistema al estilo Guantánamo para los migrantes. Va en contra de nuestros valores europeos», sostuvo antes de admitir que ya se han mantenido contactos con los socios africanos para poner en marcha la iniciativa, sin que ninguno de ellos haya mostrado el más mínimo interés.

La urgencia es máxima. La reforma del sistema de asilo europeo está bloqueada y las tentaciones de adoptar soluciones unilaterales, como los controles en las fronteras internas para controlar los flujos secundarios, ponen en cuestión la supervivencia del espacio de libre circulación de Schengen. «Esto pone en cuestión el proyecto europeo. Tenemos una responsabilidad histórica ante la UE», insistió para forzar a sus líderes a levantar sus vetos esta misma semana. 

Bruselas abre la puerta a medidas contra Hungría por criminalizar a los inmigrantes 

c. p.

Penas de cárcel para quienes auxilien a migrantes indocumentados, prohibición de las cuotas de acogida de refugiados y sanciones para los indigentes que duerman en la calle. Son las nuevas y polémicas leyes que ha logrado sacar adelante esta semana el primer ministro húngaro, Viktor Orban, valiéndose de su mayoría absoluta en el Parlamento magiar.

El líder ultranacionalista del Fidesz hizo oídos sordos a las llamadas de Bruselas a respetar los derechos humanos. Su partido ha pasado el rodillo sin miramientos a la legislación para afianzar el giro derechista y xenófobo del Ejecutivo. Orban saca pecho, orgulloso de abanderar una ofensiva que criminaliza la ayuda a los migrantes (Ley Stop Soros), desdeña la solidaridad entre países miembro de la UE y hostiga a colectivos vulnerables como los «sintecho».

«Estamos siguiendo no sin preocupación estos acontecimientos y las nuevas propuestas», aseguró ayer el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigand, quien amenazó a Hungría con «dar los pasos necesarios» y emprender acciones legales si se violan principios y valores fundamentales de la UE. «No deberíamos dar la espalda a los valores y principios sobre los que Europa está construida», insistió antes de sugerirles que atiendan con fondos europeos a la gente sin hogar en lugar de estigmatizarlos. 

Reforma judicial polaca

El país magiar ya tiene abierto un proceso judicial en el Tribunal de Luxemburgo por negarse a acoger la cuota de refugiados asignada en acuerdo con otros 27 líderes europeos. Este nuevo pulso a la UE podría acarrear enormes problemas para la estabilidad del bloque que ya tiene a un país, Polonia, a las puertas de la suspensión del voto en el Consejo Europeo.

El gobierno polaco, en manos del euroescéptico PiS, se niega a revertir la reforma judicial que le permitió tomar el control sobre tribunales y jueces. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, les ha dado de plazo hasta el 3 de julio para dar marcha atrás y garantizar el respeto al Estado de derecho. La deriva antidemocrática de los países de Visegrado inquieta a Bruselas que se ha visto incapaz de meter en vereda a sendos gobiernos. Ni siquiera tras amenazarles con suspender la transferencia de fondos europeos.

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