La huelga de los ferroviarios tuvo un fuerte impacto en el transporte de viajeros
04 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Emmanuel Macron libra desde este martes la batalla del tren, el primer gran conflicto social de su mandato estrenado hace once meses. El presidente francés se juega en la contienda con los sindicatos ferroviarios, de demostrada capacidad para paralizar el país, el futuro de su ambiciosa agenda de reformas liberalizadoras. La mitad del personal necesario para el funcionamiento de los ferrocarriles no trabajó en la primera de las 36 jornadas de huelgas intermitentes programadas hasta junio con el objetivo de frustrar el proyecto de transformar la compañía estatal SNCF en una sociedad anónima con capital público abierta a la competencia europea.
El primer día de pulso sindical registró un fuerte impacto en un servicio utilizado a diario por 4,5 millones de viajeros, la mayoría para acudir al trabajo en los trenes de cercanías. En promedio solo circularon uno de cada ocho convoyes de alta velocidad TGV y una de cada cinco unidades regionales. Aunque el porcentaje de huelguistas fue del 33,9 %, inferior al 35,4 % alcanzado el 22 de marzo en la jornada de protestas de los funcionarios, los trastornos en toda la red fueron notables ya que el 77 % de los conductores y el 69 % de los controladores se ausentaron de sus puestos de trabajo.
La movilización se vio reforzada por los paros en la compañía aérea Air France y en los sectores de la energía y el tratamiento de basuras. Además, persiste el descontento por la pérdida de poder adquisitivo entre pensionistas y funcionarios mientras se multiplican los bloqueos de facultades en París, Toulouse, Burdeos y otras ciudades por estudiantes en lucha contra la ley que modifica el acceso a la universidad.
En este agitado contexto social, el proyecto de reforma ferroviaria presentado el 14 de marzo por el Gobierno comenzó a ser examinado en comisión por los diputados para ser debatido a partir de próximo lunes por el pleno de la Asamblea Nacional y someterse a una primera votación el 17 de abril. «El estatus quo no es aceptable. Respeto el derecho constitucional a la huelga pero los millones de franceses que quieren ir a trabajar también deben respetados», declaró el primer ministro, Edouard Philippe, quien recordó la enorme deuda de 54.400 millones de euros que arrastra la SNCF.
El Ejecutivo amenaza con recurrir a los decretos, como hizo en otoño sin apenas resistencia con la reforma laboral, para sacar adelante algunos aspectos del proyecto acuciado por la fecha límite fijada por Bruselas el 25 de diciembre de este año para trasponer la directiva sobre la liberalización de las líneas regionales de viajeros desde 2019 y de los TGV desde 2020. Esa apertura a la competencia será progresiva hasta 2033.
Los sindicatos se oponen a una reforma encaminada a «destruir el servicio público ferroviario por puro dogmatismo ideológico». Sus principales líneas rojas son la contratación de nuevos empleados al margen del estatuto específico de la SNCF y la transformación de la compañía en sociedad anónima por considerarla el presagio de una futura privatización. El estatuto laboral garantiza a los 146.000 trabajadores el empleo vitalicio, una Seguridad Social y una jubilación ventajosas así como la gratuidad de los billetes y tarifas reducidas para sus familiares. El Gobierno confía en que arbitre a su favor una opinión pública molesta por los agravios comparativos y un servicio de calidad a la baja por los constantes retrasos, las frecuentes averías y los accidentes, incluso mortales, relacionados con las carencias en el mantenimiento.