El guardaespaldas de Hugo Chávez, investigado por blanqueo en EE.UU.

La fortuna del capitán del Ejército venezolano se estima en más de 500 millones de dólares


CARACAS / CORRESPONSAL

Estados Unidos ha colocado al capitán del Ejército venezolano Alejandro Andrade en el centro de una «enorme investigación» sobre lavado de dinero en Florida, donde reside el extesorero de Venezuela bajo la presidencia de Hugo Chávez. En la investigación está incluida Claudia Díaz, teniente del Ejército venezolano que reemplazó a Andrade al frente de la Tesorería Nacional, justo después de tener bajo su cuidado como enfermera a Chávez cuando este comenzó a padecer cáncer; Andrade y Díaz representan bien la manera como el presidente venezolano entendía la Hacienda pública. El Tuerto, como era conocido el capitán, fue guardaespaldas del mandatario antes de tesorero de la República.

Pese a que Andrade es conocido por ser el epítome de la corrupción del chavismo (se afirma que es vecino de Madonna en West Palm Beach y su hijo, que lleva su mismo nombre, presume de sus caballos y de sus jets privados), sobre él no pesan sanciones de EE. UU. ni tenía investigaciones pendientes. Su fortuna se estima en más de 500 millones de dólares. Su nombre es también obviado por el Gobierno de Maduro y se afirma que una de sus funciones era blanquear capitales de otros jerarcas del chavismo e incluso de la propia familia del fallecido presidente.

La operación coincide con la publicación de la lista de 56 personas y empresas venezolanas sancionadas en Panamá por blanqueo de capitales, que encabeza el propio Maduro. El Gobierno no ha reaccionado, lo que contrasta con la virulencia con la que suele hacerlo ante su creciente aislamiento internacional. Según analistas, se trata de un duro golpe para Maduro y los jerarcas del Gobierno, cuyas importaciones para el público venezolano pasan casi invariablemente por Panamá.

Detenciones por la masacre

En tanto, la Gobernación de Carabobo destituyó a todo el tren directivo de su policía estatal luego de la masacre en una cárcel de ese cuerpo de seguridad en la que murieron 68 personas. El subdirector del cuerpo, José Luis Rodríguez, fue detenido, además de otros cuatro funcionarios. En los juzgados de Valencia, capital del estado, aún permanecen siete cuerpos no identificados, cinco días después del incendio durante un motín en exigencia de mejores condiciones en el penal.

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