Guerra de la UE a las «fake news» para que no enturbien las europeas del 2019

Quedan 15 meses escasos para que los europeos acudan de nuevo a las urnas para elegir a sus representantes en la Eurocámara. Lo harán en un clima de extrema inestabilidad y desafección, con los partidos antisistema y eurófobos ganando influencia, escaño a escaño. Lo demostraron en el maratón de elecciones que vivió la Unión Europea los últimos dos años. Desde Holanda a Francia, Alemania e Italia más recientemente.

Bruselas apunta a varios factores y uno de ellos es la propagación viral y masiva de noticias falsas en la red. Su creciente impacto ha ido minando la confianza ciudadana, la credibilidad de medios e instituciones e incluso ha exacerbado conflictos políticos como el catalán, según las autoridades. «No hay tiempo que perder», advirtió este lunes la comisaria de Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel. El Ejecutivo comunitario ha declarado una guerra sin cuartel a la «desinformación» masiva, esto es, a los contenidos falsos, inexactos o engañosos propagados «con la intención de causar daños público», explican sus expertos.

El grupo de alto nivel de la UE, creado el pasado enero y liderado por la holandesa Madeleine de Cock, presentó este lunes un primer informe con el que lanzan una serie de recomendaciones a Bruselas. Sus 39 miembros instan a atajar de forma «inmediata» bulos, teorías conspiranoicas e información falsa, el cóctel perfecto para desestabilizar las democracias. ¿Cómo? A corto plazo, con autorregulación de las plataformas digitales, medios de comunicación y periodistas. Nada de «soluciones simplistas» como censurar contenidos. «Cualquier forma de censura, pública o privada, debería evitarse con claridad», sostienen en el documento en que se subraya que los ciudadanos podrían interpretarlo como una maniobra de manipulación del sistema y los partidos en el poder. «No queremos un Ministerio de la Verdad», insistió Gabriel antes de anunciar que su equipo presentará un plan de acción el próximo 21 de abril.

Pero sus expertos apuntan en esa dirección. Sugieren invertir en formación, en herramientas para que los usuarios puedan identificar contenidos engañosos y crear un código de conducta para apuntar con el dedo a quién actúa con rigor y quién no. Además piden a Bruselas y los Estados miembros que subvencionen el periodismo, especialmente el de datos, «creíble y confiable», una etiqueta para la que todavía no se han atrevido a fijar criterios claros sobre quién debería y bajo qué condiciones otorgar ese sello.

Hay quienes creen que esta cruzada de la UE contra la desinformación tiene como objetivo a los medios rusos vinculados al Kremlin. Gabriel niega que sea así. La búlgara no quiere ceñirse a una «lista negra» de medios. Este lunes anunció que seguirá las recomendaciones de los expertos proponiendo a los operadores de Internet que aumenten la visibilidad de los contenidos «creíbles» cuyas fuentes de origen y financiación estén claras. Y es que la transparencia es la otra pata fundamental de la estrategia europea. Tanto para identificar la raíz de los contenidos como los resultados de los algoritmos que emplean los gigantes digitales como Google o Facebook.

En la primavera del 2019 se revisarán los resultados de las medidas que Bruselas pondrá en marcha este mismo año.

Bruselas prorroga seis meses las sanciones a Rusia por atacar Ucrania

Bruselas anunció este lunes que prorroga seis meses más, hasta el 15 de septiembre, las sanciones a las entidades y empresas que «menoscaban o amenazan» la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Las medidas, en vigor desde la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014, consisten en la inmovilización de bienes y en restricciones de viaje y se aplican a 150 individuos y 38 entidades. La UE, que había extendido por última vez estas sanciones en septiembre de 2017, las mantendrá medio año más tras considerar que «la evaluación de la situación no justifica un cambio». Las únicas modificaciones realizadas consisten en la actualización de la información de las personas y entidades sancionadas. La mayoría de las personas sancionadas son altos cargos de Rusia, Crimea y Sebastopol, así como cargos militares que participaron activamente en la anexión ilegal de territorios en el este de Ucrania.

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