El Parlamento Europeo pide ampliar las sanciones a Maduro y su cúpula militar

El Tribunal Penal Internacional abre una investigación preliminar a Venezuela

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bruselas / corresponsal

Más sanciones. El Parlamento Europeo cree que la UE se ha quedado corta castigando al régimen venezolano por la continua violación de derechos humanos. La Eurocámara exigió ayer más mano dura. Quiere extender las sanciones a todos los altos cargos políticos, empezando por el presidente Nicolás Maduro, su círculo familiar, el ministro de Defensa Vladimir Padrino, y la cúpula militar del país. Y no solo eso. La práctica totalidad del hemiciclo dio luz verde ayer a una resolución en la que se exige poner en la lista de objetivos sancionables a la petrolera estatal PDVSA si la situación no mejora.

A pesar de los ingentes esfuerzos diplomáticos de la UE para conseguir que se libere a la totalidad de los presos políticos y se pacte con la oposición un calendario viable para la celebración de elecciones presidenciales, Maduro no cede. La represión contra los opositores sigue siendo feroz. La oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones calcula que hay 1.016 presos en huelga de hambre repartidos en solo dos prisiones. Denuncian las condiciones «insalubres» y el maltrato al que son sometidos en los correccionales. En la calle la situación también es crítica. La violencia ha dado paso a una grave carestía de alimentos y medicinas. Los casos de malnutrición se multiplican. La Eurocámara exigió ayer a las autoridades venezolanas que «faciliten de manera urgente la entrada de ayuda humanitaria».

La lista de peticiones no acaba ahí. El Parlamento Europeo no se fía de las maniobras electorales del régimen bolivariano al que advirtió ayer de que no reconocerá los resultados de las elecciones a menos que el calendario y las condiciones sean pactados con la oposición. La participación de la Mesa de la Unidad Democrática también es un requisito ineludible de difícil encaje puesto que el Tribunal Superior de Justicia prohibió su concurrencia. Los eurodiputados pretenden enviar a Venezuela una misión de observación que el Gobierno de Maduro rechaza al considerarlo una «injerencia». No obstante, el Consejo Nacional Electoral sigue a lo suyo y ha decidido fijar los comicios el 22 de abril de forma unilateral. La fecha ya ha motivado el rechazo de Estados Unidos por considerar que no se dan las condiciones para que el resultado sea creíble y lo ha atribuido a que Maduro «no es lo suficientemente valiente» para competir en unos comicios limpios.

La comunidad internacional sospecha que en el país se han cometido crímenes contra la humanidad. La fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, confirmó ayer que el organismo estudia la apertura de una causa para investigar la violación de derechos humanos en Venezuela. La decisión se tomará después de estudiar las denuncias recibidas en torno a las cargas, torturas y asesinatos perpetrados por la policía del régimen contra los manifestantes desde el 4 de abril al 30 de julio del 2017.

«Se ha denunciado que las fuerzas de seguridad emplearon frecuentemente una fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones. Arrestaron y detuvieron a miles de opositores, algunos de los cuáles habrían sido sometidos a graves abusos y maltratos», aseguró Bensouda. No es la primera vez que organismos internacionales encienden las alarmas por la represión del régimen. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra as Al Hussein, ya solicitó en septiembre investigar al Gobierno venezolano por cometer presuntamente «gravísimos crímenes contra los derechos humanos».

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