La UE extiende a la cúpula electoral y judicial las sanciones a Venezuela

Los 28 impusieron por unanimidad a los siete miembros del régimen venezolano acusados la congelación de activos y la prohibición de viajar a la Unión Europea


bruselas / corresponsal

Congelación de activos y prohibición de viajar a la Unión Europea. Es el castigo que impusieron ayer los 28 por unanimidad a siete miembros del régimen venezolano acusados, entre otros delitos, de torturas, represión, violación de derechos humanos y menoscabo del Estado de derecho. Los siete nombres que constan en la lista de sancionados alcanzan a los más altos cargos de instituciones y organismos empleados por Nicolás Maduro en las operaciones de represión y persecución política de opositores y manifestantes.

La cara más visible es la del actual ministro del Interior, Néstor Luis Reverol, al que se suman la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el jefe del gobierno del distrito capital, Antonio José Benavides, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el fiscal general, Tarek Saab, y el número dos del partido de Maduro, Diosdado Cabello. A todos ellos se le atribuyen violaciones graves de los derechos humanos, menoscabo del Estado de derecho y represión política. Al director del Servicio de Inteligencia, Gustavo Enríquez González, también se le imputan delitos de detención arbitraria, tratos inhumanos y degradantes, represión civil y tortura.

Las penas que pesan sobre estas siete personas se suman al embargo de armas impuesto por la UE el pasado noviembre, cuando los 27 ya advirtieron de que las medidas «podrían ampliarse».

La negativa del Gobierno de Maduro a mantener un diálogo franco con la oposición y el «preocupante» deterioro social, político y económico del país ha motivado la decisión de la UE, donde las capitales insisten en aplicar un enfoque sancionador «progresivo» en el que el último escalón sería Maduro, una maniobra que busca mantener los canales de diálogo abiertos, evitar una escalada violenta y buscar una solución por la vía diplomática.

«Concebimos las sanciones como un incentivo para ayudar a la negociación», aseguró el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, quien insistió en el carácter temporal de la medida. «Es perfecta y rápidamente reversible», deslizó. La UE retirará el castigo en cuanto constate avances en la negociación, «cosa que no parece ser el caso hasta el momento». Los ministros europeos acordaron dar marcha atrás siempre que el diálogo entre el Gobierno y la oposición tenga «sustancia» y sea «creíble». Pero esas no son las únicas condiciones impuestas. La UE exige respetar las instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, la adopción de un calendario electoral completo y la liberación de todos los presos políticos.

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