Maduro adelanta las presidenciales en respuesta a las sanciones de la UE

La convocatoria electoral anticipada debe fijarse antes del próximo 30 de abril


Caracas / Corresponsal

«Si el mundo quiere sanciones, nosotros hacemos elecciones». Fue Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, el encargado de ordenar ayer a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), compuesta solo por afines al oficialismo, que convoque elecciones presidenciales antes del 30 de abril, en respuesta a las sanciones de la Unión Europea contra él y otros seis miembros del régimen venezolano. Horas después, Nicolás Maduro se puso «a la orden» del PSUV para su reelección e instó a la oposición a no tener «miedo» a enfrentarse a él, tras vincular también la convocatoria a las sanciones europeas.

La fecha concreta está ahora en manos de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena. La convocatoria anticipada (el mandato de Maduro vence en octubre) «es una puñalada a la posibilidad de un acuerdo a favor de la democracia», señaló Juan Rafalli, uno de los asesores de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las negociaciones que se llevan a cabo en República Dominicana, y en la que uno de los puntos era la convocatoria de las presidenciales, pero con la exigencia de una misión de observadores internacionales y una nueva CNE menos sesgada.

El adelanto electoral viola la Ley de Procesos Electorales, que establece que entre la convocatoria de unas elecciones y su realización deben transcurrir al menos seis meses, tiempo que ya se vulneró en las regionales y en las municipales del 2017. El chavismo arrasó en esos comicios plagados de irregularidades, con las encuestas en contra y con el boicot opositor en el caso de las municipales. La oposición, fracturada y desmoralizada tras la instauración de la Asamblea Constituyente (un proceso reñido con la legislación del país y que condujo a cuatro meses de protestas con más de un centenar de muertos), no ha respondido a la convocatoria de elecciones. Los opositores se enfrentan al dilema de aceptarlas y «reconocer» tácitamente a la ANC, o no concurrir, y por tanto darlas por perdidas. 

Contra España

Además de a Cabello, la UE sancionó el lunes a Tibisay Lucena (que lleva fuera de la vida pública desde octubre a causa de un cáncer); al presidente del Tribunal Supremo, al fiscal general designado por la ANC y a tres altos militares. Cabello pidió a Maduro establecer «sanciones recíprocas» , especialmente «contra España», pues considera que el Gobierno de Mariano Rajoy es el que impulsa las sanciones en el seno de la UE. Sin mencionar casos, lanzó su amenaza: «En Venezuela operan muchas empresas españolas importantes (...) y tenemos todo el derecho de exigirles». No especificó qué, pero afirmó que «si ellos no nos quieren, nosotros tampoco».

De la poca actividad privada, especialmente internacional, que va quedando en Venezuela luego de 19 años de chavismo, las empresas españolas más importantes son BBVA, que opera uno de los bancos más grandes del país, y Movistar, que tiene la principal operadora de telefonía móvil.

Ambos negocios, sin embargo, están muy mermados por la aguda devaluación que padece el bolívar y la hiperinflación, que este año se estima podría llegar a 18.000 %. La grave crisis económica y la creciente impopularidad del Gobierno son los principales acicates para unas elecciones adelantadas y sin garantías, como forma de retener el poder.

A las sanciones contra altos cargos venezolanos de la UE y de EE.UU. pueden añadirse las que adopte el Grupo de Lima, integrado por 14 países americanos, en su reunión ayer en Chile.

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