La presión internacional es la última esperanza en la crisis de Venezuela, según HRW

INTERNACIONAL

Cristian Hernandez | EFE

La única esperanza que le queda a Venezuela para salir de su crisis es la presión internacional, especialmente de sus vecinos, a juicio de la organización Human Rights Watch (HRW) que el pasado jueves presentó el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo

21 ene 2018 . Actualizado a las 00:41 h.

En la 28 edición de su informe con datos de 90 países, presentado el pasado jueves en París, esta ONG hace un diagnóstico devastador del caso venezolano. Califica al régimen de Nicolás Maduro de «autocracia incompetente» y lo acusa de haber «destruido la economía de un país potencialmente rico en petróleo». HRW considera que no queda en el país ninguna institución independiente que pueda actuar como contrapoder, más aún después de que el Gobierno haya «llenado los tribunales de jueces que ni siquiera fingen independencia».

Añade que frente a este panorama tan crítico «no hay instancias internas para frenar abusos o castigar a los responsables» y concluye que lo único que queda son las instancias internacionales. «Son la única posibilidad, la condena internacional constante», dice

En declaraciones a Efe el director para América de HRW, José Miguel Vivanco, ve en la aplicación de sanciones individuales contra responsables venezolanos la forma más efectiva de presionar al régimen venezolano, como se dispone a hacer la Unión Europea congelando activos y prohibiendo entrar en territorio comunitario a ciertos altos cargos. Además, llama a los países latinoamericanos a pedir que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación por la violación de derechos fundamentales en ese país.

Kannet Roth, director ejecutivo de HRW, destaca en el preámbulo del Informe Mundial 2018, que en el último año «se hizo evidente la importancia de oponer resistencia a la amenaza que suponen los demagogos y sus políticas abusivas», añade que «en ocasión del 70.º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la forma más acertada de reivindicar sus principios es defenderlos enérgicamente de aquellos líderes que pretenden obtener una ventaja política privando a sectores marginados de los derechos inherentes a toda personas».

Precisa que «estos populistas autoritarios lanzaron un ataque de lleno a los valores de inclusión, tolerancia y respeto que son centrales a los derechos humanos y pretenden reemplazar la democracia -un gobierno electo limitado por derechos y por la supremacía de la ley- por su propia interpretación oportunista de los deseos de la mayoría».

 El drama venezolano

El informe presta especial atención al drama venezolano. «Actualmente no quedan en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan poner freno al poder ejecutivo. A través de una serie de medidas, el gobierno -con Maduro en la presidencia y, anteriormente, con Chávez- ha copado los tribunales de jueces que ni siquiera pretenden actuar de manera independiente. El gobierno ha arremetido contra críticos a través de represión en las calles, habitualmente violenta, encarcelando opositores y juzgando civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora».

Constata que debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, «muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. Ello hace que cientos de miles venezolanos estén huyendo del país».

Añade que el gobierno venezolano «ha empleado en forma sistemática fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos del gobierno y opositores políticos. A los opositores políticos los ha encarcelado y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Acota que cuando se elaboró el informe, había más de 340 presos políticos en cárceles o sedes del servicio de inteligencia venezolano, según datos del Foro Penal, una red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan ad honórem. En esa fecha aún no se había producido la masacre del pasado lunes en El Junquito en la que fueron ejecutados el ex policía rebelde Óscar Pérez y otros seis personas cuando ya habían anunciado su rendición.

Según HRW, Maduro consigue mantenerse en el poder, en gran medida, mediante la violenta represión desplegada por las fuerzas de seguridad y los colectivos -grupos armados partidarios del gobierno- contra cientos de miles de venezolanos que entre abril y julio del año pasado salieron a la calle a protestar. El balance de esa represión es estremecedor: según los datos del propio Ministerio Público venezolano, a 31 de julio al menos 124 personas habían muerto en incidentes relacionados con las protestas.  Entre abril y noviembre -datos de la ONG Foro Penal- fueron detenidas cerca de 5.400 personas en relación con protestas, incluidos manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la orden judicial correspondiente.

Para todo ello «el régimen se aprovecha -recoge el informe- de un Tribunal Supremo de Justicia servil y de la Asamblea Nacional Constituyente que creó para quitarle y asumir las facultades legislativas de la Asamblea Nacional, donde hay mayoría opositora». Señala igualmente que integrantes de las fuerzas de seguridad también han cometido graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas, como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales. La justicia militar ha procesado a más de 750 civiles, en contravención a lo dispuesto por el derecho internacional.

A todo ello se suma la crisis humanitaria. «Los venezolanos sufren una severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos que cercena gravemente su derecho a la salud y la alimentación. En 2017, la ministra de salud venezolana divulgó datos oficiales correspondientes a 2016 que indicaban que, en un año, la mortalidad materna aumentó un 65 %, la mortalidad infantil un 30 % y los casos de malaria un 76 %. Algunos días después, la ministra fue despedida».

Según Cáritas Venezuela, los casos de desnutrición severa de niños y niñas menores de 5 años aumentaron del 10,2 % en febrero de 2017 al 14,5 % en septiembre de 2017, lo cual traspasó el umbral de crisis establecido por la Organización Mundial de la Salud.

La libertad de expresión

HRW deja constancia en su informe de que la libertad de expresión cada día que pasa brilla más por su ausencia en el país. Recuerda que «durante más de una década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su facultad de regular los medios de comunicación, y ha reducido la cantidad de medios críticos. La legislación vigente concede al gobierno la potestad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación, permitir la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación” -una infracción definida de manera muy vaga- y penalizar las expresiones “ofensivas” sobre funcionarios gubernamentales. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio critican al gobierno, la autocensura por temor a represalias gubernamentales es muy habitual».

El madurismo dio un paso más y en noviembre, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó una Ley contra el odio que contiene expresiones imprecisas que socavan la libertad de expresión. Prohíbe a los partidos políticos que «promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio» y prevé penas de prisión de hasta 20 años contra quienes publiquen «mensajes de intolerancia y odio» en medios de comunicación tradicionales y medios sociales.

Lo último ha sido el acallar las voces criticas de la iglesia católica. Maduro acaba de pedir que se investigue y se aplique la Ley contra el odio a dos obispos ?«diablos con sotana», según él - que el pasado domingo en sus respectivas homilías pidieron a sus feligreses que rezasen para que Venezuela se libre «de la peste de la corrupción política que condujo al país a la ruina moral, económica y social» y que «los cielos libren a los venezolanos del hambre y la corrupción». Con este panorama Rodríguez Zapatero sigue oficiando de mediador entre el gobierno y una parte de la oposición.