La UE aprobará hoy las sanciones contra altos cargos del régimen de Maduro por la «represión»
18 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El caso de la muerte de Óscar Pérez, el ex inspector sublevado contra el Gobierno de Nicolás Maduro, y de otras seis personas -incluyendo una mujer embarazada- en un operativo policial en Venezuela el pasado lunes ha pasado a manos de la Fiscalía Militar, avivando así el miedo de quienes creen que lo que sucedió en El Junquito, pueblo aledaño a Caracas, fue una ejecución y no un enfrentamiento.
La morgue de Caracas, donde se encuentra el cadáver de Pérez y de los otros seis muertos se encontraba ayer militarizada. La diputada opositora Manuela Bolívar, que acudió al lugar a informarse sobre el estado de la investigación, fue golpeada por los efectivos que se encontraban en el lugar, según denunció Bolívar.
El martes por la noche Maduro se responsabilizó por lo ocurrido con Pérez y sus compañeros, señalando que «todo grupo terrorista tendrá el mismo destino». El repudio interno y externo por cómo se llevó a cabo el operativo sigue creciendo tras divulgarse nuevos vídeos de los insurrectos en los que estos se rinden.
«Durante las dictaduras en Argentina y Chile aparecían frecuentemente noticias sobre ‘terroristas’ muertos en enfrentamientos. Muchas veces se trataba de ajusticiamientos. Lo mismo parece haber sucedido en Venezuela», afirmó José Miguel Vivanco, director general de Human Rights Watch.
La familia de Pérez continúa exigiendo que su cadáver no sea incinerado sino enterrado, para mantener evidencias de lo sucedido. La casa donde se produjo el ataque fue demolida. Es decir, las autoridades «ya actuaron ilegalmente», señaló Alfredo Romero, director de la oenegé que defiende a los presos políticos Foro Penal Venezolano.
Sanciones de la UE
En paralelo, la Unión Europea se dispone a aprobar hoy las sanciones anunciadas en diciembre contra funcionarios del Gobierno de Maduro por la «represión» en Venezuela. Las penas, que incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar al espacio Schengen a funcionarios venezolanos y familiares, afectarían, en primer lugar, a unas siete personas. De confirmarse las sanciones, estas llegan cuando el Gobierno y la oposición negocian en República Dominicana un acuerdo para resolver la grave crisis política y socioeconómica que vive el país.