El Constitucional alemán envía a la cárcel al contable de Auschwitz, de 96 años de edad
INTERNACIONAL
El tribunal rechaza el recurso de Oskar Groening que deberá entrar en prisión para cumplir una condena de 4 años por el exterminio nazi
29 dic 2017 . Actualizado a las 15:52 h.El nonagenario Oskar Groening, conocido como el contable de Auschwitz, deberá ingresar en prisión y cumplir con la condena de cuatro años por un delito de complicidad en el asesinato masivo en un campo de exterminio nazi, según ha dictaminado este viernes la Justicia alemana.
El Tribunal Constitucional alemán, con sede en Karlsruhe, ha rechazado el recurso interpuesto por los abogados de Groening, quienes argumentaban que su cliente no estaba en condiciones de entrar en la cárcel dada su elevada edad y su estado de salud.
«No han sido identificados graves riesgos de salud y la merma en su estado de salud puede ser compensado a través de precauciones médicas en prisión», ha alegado el alto tribunal en su fallo. Una portavoz de la Fiscalía de Hannover, en el noroeste de Alemania, señaló que el hombre deberá ingresar en prisión próximamente.
El abogado defensor del nonagenario había recurrido en varias instancias el ingreso en prisión de su cliente.
Groening, de 96 años, fue condenado en julio de 2015 por la audiencia de Luneburgo, en el noroeste del país, por colaborar en el asesinato de al menos 300.000 personas.
El que fuera voluntario de las Waffen-SS admitió haberse incautado del dinero de los judíos deportados al campo de concentración y exterminio de Auschwitz y de haber vigilado la llegada de los transportes al complejo.
Durante décadas, las personas que colaboraron de forma indirecta en asesinatos masivos no fueron llevadas ante la justicia en Alemania.
El cambio de enfoque judicial, que permitió llevar ante el juez a quienes cooperaron con la maquinaria de exterminio nazi, vino propiciado por la condena de John Demjanjuk a cinco años de prisión en 2011 por complicidad en más de 28.000 asesinatos en el campo de exterminio de Sobibor.
Hasta entonces las fiscalías alemanas sólo presentaban demandas contra aquellos sobre los que podían demostrar una participación directa en los delitos, debido a una sentencia de 1969 de la Corte Suprema de Alemania que sostenía que no todo aquel que estuvo involucrado en la maquinaria asesina de los campos de concentración podía ser responsabilizado por todo lo que ocurrió dentro.