Bruselas se harta de Polonia y activa el botón nuclear contra su autoritarismo

Varsovia no retrocede y ratifica las dos leyes reprobadas por la Comisión

Colpisa
Bruselas

La Comisión pulsó el miércoles el llamado botón nuclear contra Polonia después de que su Gobierno haya gastado la paciencia casi infinita de Bruselas con la aprobación de leyes que contradicen los principios de la Unión. El Ejecutivo comunitario no quería activar la medida, establecida en el artículo 7 de los tratados y que puede desembocar en la privación de los derechos de voto de un socio por primera vez en la historia. Pero se ha encontrado con que, tras dos años haciendo oídos sordos a los llamamientos de Bruselas, Varsovia no le deja otra alternativa. A juicio de la Comisión, Polonia pone en peligro la esencia misma del Estado de Derecho con sus reformas legales para controlar la justicia. Esto sitúa ahora la pelota en el campo del Consejo, donde los 28 deberán decidir si finalmente acometen la vía sancionadora.

Polonia venía irritando a la mayoría de sus socios, pero no está sola en su pulso. Hungría, que también ha sido seriamente advertida por su deriva autoritaria, anunció el miércoles que bloqueará el proceso de castigo a Varsovia y denunció lo que considera una «violación severa de la soberanía polaca». Casi al mismo tiempo, el Senado rumano aprobaba parte de una reforma judicial criticada por la Comisión y por el propio presidente rumano, por considerarla una amenaza para la independencia de los jueces.

«No había otra elección. La situación no es que no haya mejorado, es que ha empeorado. Hemos concluido que existe un riesgo serio de que se produzca una brecha en el Estado de Derecho. Si se vulnera o se limita la separación de poderes, se acaba con el Estado de Derecho y con la propia esencia de la UE», advirtió el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans. Tras reiterar su oferta al diálogo «las 24 horas del día y los 7 días de la semana», anunció que si Varsovia da avances en la dirección correcta, podrían replantearse la decisión previa consulta con el Parlamento Europeo y el Consejo.

Pero Varsovia parece muy lejos de dar marcha atrás y respondió al anuncio de Timmermans con el de su presidente, Andrzej Duda, de que había firmado las dos leyes objeto de la reprobación comunitaria y de un amplio sector de la sociedad polaca, que se ha manifestado repetidamente en las calles contra estas normas y, en general, el autoritarismo del Gobierno, dirigido en la sombra por Jaroslaw Kaczynski. El Ejecutivo, liderado por el ultraconservador partido Ley y Justicia (PiS), ha hecho de su cruzada antieuropea su mejor arma electoral dentro de casa.

Obviamente, no cuenta los miles de millones que recibe de la UE en concepto de fondos estructurales. Atrapado entre dos fuegos, el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, dijo confiar en que el actual Gobierno «entre en razón y no busque el conflicto a cualquier precio en un asunto en el que simplemente está equivocado». Añadió que actualmente se ve a Polonia como «una fuerza desintegradora» en el este de Europa y por ello es «importante acabar con esta devastación de la reputación polaca».

Una nueva amenaza para la Unión

Lo que hizo el Ejecutivo comunitario el miércoles fue proponer al Consejo Europeo la activación del famoso artículo 7. ¿Desembocará en sanciones? Depende de la actitud de Varsovia pero, sobre todo, de la postura de los socios. ¿Por qué? Porque el artículo 7 puede ser activado por una mayoría de cuatro quintos (algo más que factible). Sin embargo, para seguir el procedimiento y concretar las represalias hace falta la unanimidad de los 28. Sí, unanimidad, la palabra maldita que bloquea muchas iniciativas comunitarias. ¿Alguien piensa que los otros tres países de Visegrado (Hungría, Eslovaquia y República Checa) lo van a permitir? En el caso de que se planten se abriría una crisis frontal entre parte de los socios, representados en el Consejo, y la Comisión. O sea, combustible para el euroescepticismo y una nueva amenaza para la Unión.

Modificación casi completa de la planta judicial polaca

El presidente polaco respondió con firmeza a la ofensiva de Bruselas y defendió las normas impugnadas. Afirmó que aportan «muy buenas soluciones» para democratizar y mejorar el sistema judicial, e indicó que devolverán a los ciudadanos «la fe en la justicia, la fe en los tribunales polacos y la fe en la administración de justicia». Duda destacó que los últimos proyectos contienen «importantes diferencias» respecto a los primeros que vetó el pasado verano, como consecuencia de las protestas ciudadanas, y aseguró que escucha con desagrado las voces de algunas élites, especialmente la judicial, que lo acusan de politizar el sistema judicial.

Tras dejar claro que los tribunales y los jueces no son «una casta extraordinaria», pidió comprobar cuántos países cuentan con sistemas en los que los poderes ejecutivo y legislativo influyen en la selección de jueces, también en la UE, y destacó en concreto el caso de EE.UU. Entre los puntos importantes de las reformas destacó la regulación de la responsabilidad disciplinaria de los jueces, porque «los tribunales son servidores de la sociedad polaca y del Estado».

En paralelo, el Gobierno se mostró dispuesto a dialogar con las instituciones comunitarias y con el resto de Estados miembros, pero señaló que no puede aceptar «opiniones unilaterales e injustas». Su intención, agregó, es «continuar con la reforma de su sistema judicial» porque el Gobierno se lo debe a sus «votantes», argumento esgrimido por PiS para aprobar sucesivos cambios en los principales tribunales y organismos de la judicatura desde que llegó al poder en 2015. Comenzó con la reforma del Tribunal Constitucional y continuó con leyes que han modificado el funcionamiento y la constitución del Supremo, el Consejo Nacional de la Judicatura [organismo que designa a los jueces], los tribunales ordinarios y la fiscalía.

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