Ecuador abre juicio político al vicepresidente Glas por el caso Odebrecht
INTERNACIONAL
El Congreso de Ecuador aceptó ayer abrir un juicio político contra el vicepresidente, Jorge Glas, condenado a seis años de prisión por recibir sobornos de la firma brasileña Odebrecht. Con cuatro votos de siete integrantes, el Consejo de Administración Legislativa -el máximo órgano dentro del Congreso encargado de planificar sus actividades- aprobó el proceso, que ahora será remitido al Tribunal Constitucional para que informe en un plazo de cinco días si admite o no el juicio político. En caso de que el dictamen sea favorable, el trámite pasará a la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional, que a su vez debe dar su visto bueno para que se lleve a cabo la votación en el Congreso.
De telón de fondo en este caso está el enfrentamiento político que el expresidente Rafael Correa y el actual mandatario, Lenín Moreno, mantienen desde que este último decidió apartar a su vicepresidente, Jorge Glas, por corrupción. Moreno ha hecho del caso Glas el símbolo de su lucha contra la corrupción y Correa se lo ha tomado como algo personal porque el vicepresidente fue uno de sus hombres de confianza. Esta «traición» ha hecho volver al expresidente de Bélgica, país natal de su mujer, donde pretendía retirarse tras ceder el poder a quien consideraba su aliado.
El jueves, en Perú
Mientras en el vecino Perú, el oficialismo se reunirá con el resto de fuerzas del Congreso para intentar evitar que el pleno destituya en la sesión del jueves al presidente Pedro Pablo Kuczynski, vinculado a los sobornos de Odebrecht. El congresista Gilbert Violeta tratarán de concienciar a la oposición, que son amplia mayoría, del daño que ocasionarían al país si aprueban la inhabilitación del mandatario.
Kuczynski puede ser inhabilitado sin casi opción para defenderse, bajo una abstracta figura de «incapacidad moral», abierta a múltiples interpretaciones. La constructora brasileña Odebrecht reveló esta semana haber pagado más de 782.000 dólares entre el 2004 y el 2007 a la consultora Westfield Capital, propiedad del mandatario cuando era ejercía de ministro de Economía y luego primer ministro.