El Supremo frena el intento de Temer de suavizar la ley contra el trabajo esclavo
INTERNACIONAL
La jueza Rosa Weber considera inconstitucional la reforma legislativa
25 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La jueza Rosa Weber, del Supremo Tribunal Federal brasileño (STF), considera inconstitucional la reforma de la ley de trabajo esclavo que, a base de decretazo, aprobó hace una semana el gobierno de Michel Temer. En una orden provisional pendiente de aprobación en pleno del STF, Weber paró con efecto inmediato la nueva norma en un texto que supone un varapalo a la medida, criticada por varias organizaciones de derechos humanos del país. Todo a menos de 48 horas de que Michel Temer encare en la Cámara de Diputados la votación para librarse de una segunda denuncia por corrupción, para la que cuenta con los votos de la bancada ruralista, tradicional demandante de una mayor laxitud en las leyes laborales en grandes extensiones agrícolas.
«Es un día extremadamente importante para Brasil desde el punto de vista cívico, y que evita un retroceso de años. El presidente Temer quería cambiar votos por esclavos», dijo tras conocer la decisión del STF el diputado Alessandro Molon, del partido ambientalista Rede Sustentabilidade, que presentó la acción popular ante la justicia que atendió la jueza Weber. La medida del Gobierno «atenúa fuertemente el alcance de las políticas de represión, reparación y prevención del trabajo en condiciones análogas al de esclavo», «vacía de contenido» la expresión trabajo esclavo y con ello «vulnera principios básicos de la constitución», dice la jueza en su contundente escrito.
Es la segunda vez que una medida muy poco popular de Temer con vistas a satisfacer a los diputados ruralistas tiene un serio revés; hace un mes, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás a un polémico decreto que abría a la explotación minera grandes extensiones del Amazonas. Si el pleno del STF confirma la orden de Weber, tendrá que guardar en el cajón la reforma que aflojaba los criterios para considerar un trabajo análogo a la situación de esclavitud, además de dejar en manos del Ministerio de Trabajo y no de los funcionarios de la inspección laboral la decisión de publicar la lista de empresarios infractores.