Brasil suaviza la ley y rebaja la presión sobre el trabajo esclavo

Miguel Piñeiro Rodríguez
Miguel Piñeiro BRASILIA / CORRESPONSAL

INTERNACIONAL

STRINGER | Reuters

La OIT denuncia la medida del Gobierno y asegura que sirvió para rescatar a más de 50.000 trabajadores en condiciones extremas

24 oct 2017 . Actualizado a las 07:53 h.

Estos días circuló por los grupos de WhatsApp brasileños una oferta de trabajo que buscaba una babá (niñera) para cuidar a dos bebés, que debía cumplir unos requisitos muy precisos: ser negra, joven, de buena apariencia, delgada para caber en el coche, dispuesta a trabajar 15 días seguidos y descansar otros 15 (salvo que la empleadora considerara lo contrario, en cuyo caso debía tener plena disponibilidad). Todo por 330 euros al mes.

La oferta de trabajo, recogida por la prensa, sirvió para cruzar miles de mensajes pero también para ilustrar una realidad política: coincidió en el tiempo con una ordenanza publicada por el Ministerio de Trabajo brasileño que alivia la presión sobre el trabajo esclavo y suaviza los criterios para tal consideración. La polémica estaba servida.

Los críticos creen ver un nuevo gesto de Temer hacia los diputados ruralistas, claves en su futuro La Organización Internacional del Trabajo (OIT), dependiente de la ONU, puso el grito en el cielo ante el cambio normativo en la ley que regula y castiga las condiciones abusivas en el trabajo y que en los últimos 20 años ha rescatado a más de 50.000 personas de situaciones análogas a la esclavitud. La ordenanza aprobada a mediados de octubre reduce la consideración de trabajo esclavo apenas a la limitación de desplazamiento al o desde el lugar de trabajo. Además, el gobierno ha quitado la potestad a la inspección laboral de publicar la llamada lista sucia, la de empresarios que contraten a personas en condiciones denigrantes. Ahora dependerá del Ministerio de Trabajo, y por lo tanto, de un criterio político.

Destitución del responsable

La publicación de esta ordenanza que suaviza la consideración del trabajo esclavo coincide con la destitución del mayor responsable de la inspección de trabajo en esta área. André Esposito Roston fue apartado del cargo sin que se nombrara sustituto. La medida pretende quitar atribuciones a los funcionarios de la inspección laboral: a partir de ahora, todos los registros deberán ir firmados y acompañados por policías, si no no serán válidos. «La gravedad de la situación está en el posible debilitamiento y limitación efectiva de la fiscalización del trabajo, con el consecuente aumento de la desprotección de una parte de la población brasileña ya muy frágil», reaccionó la OIT.

El responsable de la inspección laboral fue cesado por el Gobierno y no se nombró sustituto Funcionarios de la inspección de trabajo mostraron su profundo malestar con las medidas y dos acciones populares han recurrido ante el Tribunal Supremo la constitucionalidad de la decisión. Las medidas que afectan directamente a las actuaciones contra el trabajo esclavo tienen lecturas a nivel político. Con el presidente Michel Temer preparando la actuación en la Cámara de Diputados para frenar la segunda denuncia por corrupcíón en su contra, los cambios en las normas del trabajo esclavo se entienden como un guiño a la llamada bancada ruralista, un importante grupo de diputados de militancia transversal con intereses y representación de amplias zonas de explotaciones ganaderas y agrícolas. Justo los ámbitos donde se recogen más casos de explotación de trabajadores y niños. Temer ya desembolsó decenas de millones de euros en partidas presupuestarias para amarrar votos que le salvaron de la primera denuncia.

Muere una turista de Cádiz tras saltarse un control policial en una favela de Río

La favela da Rocinha, la mayor de Río de Janeiro y de todo Brasil, es un barrio que cuenta con más de 200.000 habitantes tomado por la policía militar desde mediados de septiembre, intervención justificada por una lucha emprendida por el Gobierno de Michel Temer para intentar erradicar el tráfico de drogas que está causando tiroteos diarios. El último se cobró la vida de una turista española, María Esperanza Jiménez Ruiz, de 67 años y natural de Cádiz. Se adentró en la Rocinha acompañada de dos familiares, un conductor italiano y su guía. El coche en el que viajaban se saltó un control policial y los agentes abrieron fuego.

Luego comprobaron que los ocupantes del vehículo nada tenían que ver con Rodrigo 157 y Nem. Este lleva en la cárcel seis años pero nunca aceptó que aquél se hiciera cargo del negocio de ventas de drogas en Rocinha. El conflicto entre ambos dio pábulo a la policía militar para desplegarse en una favela considerada pacificada en los últimos años, y donde tours turísticos se adentran para dar a conocer realidades alejadas de la estampa de playa de Río de Janeiro. Fue el caso de María Esperanza Jiménez Ruiz, su hermano y su cuñada. El coche en el que viajaban no se detuvo en el control en la céntrica plaza de Largo do Boiadeiro y la policía militar abrió fuego sin preguntar. La víctima fue trasladada al hospital Miguel Couto, pero no sobrevivió. El agente que efectuó el disparo mortal, un teniente, fue arrestado en el momento.