La oposición no reconoce el triunfo de Maduro en las elecciones regionales

pedro garcía otero CARACAS / CORRESPONSAL

INTERNACIONAL

Miguel Gutiérrez | EFE

Varios candidatos no chavistas aseguran tener las actas que prueban su victoria

17 oct 2017 . Actualizado a las 08:29 h.

Venezuela acogió con una mezcla de estupor y cinismo los resultados electorales del domingo, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó 18 gobernaciones de las 23 en liza a un Partido Socialista Obrero de Venezuela al que ningún sondeo previo otorgaba la mínima posibilidad de triunfo, dejando solo cinco a la oposición.

La última adjudicación le fue otorgada a Justo Noguera, en el estado Bolívar, a 700 kilómetros al sur de Caracas, en el que el candidato opositor, Andrés Velásquez, afirma tener todas las actas que confirman que él fue el ganador. La Guardia Nacional dispersó una concentración de sus seguidores en Ciudad Bolívar, la capital del estado, y también focos de protestas que se registraron en Punto Fijo, Falcón, a 500 kilómetros al oeste de la capital, Caracas.

Como Velásquez, al menos otros cuatro candidatos opositores afirmaron tener la documentación que confirma que ganaron los comicios, pero la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición opositora, no ha hecho declaraciones después de que el domingo por la noche, aproximadamente una hora después del anuncio del CNE, Gerardo Blyde, coordinador de campaña, señalara que la MUD «no reconoce los resultados» y dijera que los mismos «no son creíbles ni para Venezuela, ni para el pueblo venezolano, ni para el mundo».

Pocas horas después del cierre de las mesas, informalmente, la MUD comenzó a comunicar que había ganado 16 gobernaciones, lo que parecía confirmarse por sondeos independientes y por las encuestas realizadas días antes de los comicios. Pero cuando los resultados oficiales fueron en la dirección contraria, la coalición y sus principales dirigentes cayeron en el mutismo.

«Ahora resulta que todos somos rojos», se señalaba con sorna en el transporte público caraqueño y las redes sociales, donde las etiquetas #Fraude y #YAhoraQué fueron las más utilizadas entre domingo y lunes. Buena parte de los dardos se dirigen a la MUD, por su silencio. La franja de opositores radicales, que promovía la abstención, parece haber ganado aire tras los comicios. Y las principales ciudades del país amanecieron con un aire de tristeza que muy poco se compadece con una expresión electoral como la del domingo, en la que participaron el 61% de los censados.

Carlos Ocariz, candidato a la emblemática gobernación de Miranda, que comprende parte de la capital, señaló que en su estado se registraron no pocas irregularidades, y que existe inconsistencia entre las cifras que maneja su equipo y las que entregó el CNE, aunque la coordinadora de la MUD ante este organismo, Liliana Hernández, reconocía horas antes que por falta de testigos, carecían de registro del 30% de los centros electorales.

Ocariz destacó que la ausencia de testigos obedeció, en algunos casos, a que los mismos fueron «sacados a punta de pistola» de los centros de votación al final del proceso, y en otros casos, no se les permitió acceder a los mismos desde la mañana. «Fue un sistema absolutamente amañado» en el que las reubicaciones de centros, indicó, generaron una abstención artificial en el público opositor, especialmente en los municipios de Caracas que votan a favor de este y son importantes desde el punto de vista cuantitativo, señaló el candidato, quien llevará sus denuncias a instancias internacionales.

Sin capacidad de probar la alteración de resultados, sin embargo, a la oposición se le reducen grandemente sus posibilidades de obtener apoyo foráneo, señalaron analistas a La Voz de Galicia. El chavismo, en tanto, se apresta a sacarle punta política a la jornada.

Los gobernadores electos tomarán posesión hoy ante la Asamblea Nacional Constituyente, que la oposición desconoce, señaló la presidenta de esta instancia, Delcy Rodríguez. Los que no lo hagan (los cinco opositores) muy probablemente sean destituidos, señaló Diosdado Cabello, número dos del chavismo.

Los resultados no influirán en las sanciones de la UE

El resultado de las elecciones en Venezuela no afectarán «la línea de acción» de la UE contra el régimen, indicó ayer el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, en referencia a eventuales «sanciones». La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, «ha mencionado [al inicio de una reunión de responsables de Exteriores] que los resultados son sorprendentes y que hay que averiguar qué ha ocurrido en realidad», explicó Dastis en el curso del encuentro, en Luxemburgo. «Pero que, en todo caso, esto no iba a afectar a nuestra línea de acción que es la que se ha acordado recientemente», en concreto una actuación basada en «sanciones» y en «alentar el diálogo político», apuntó.

La semana pasada, los 28 llegaron a un principio de acuerdo para estudiar posibles sanciones contra el régimen venezolano por su represión contra la oposición. «Ya no hay bloqueos», indicó el miércoles una fuente europea. Aunque oficialmente no estaba en el orden del día de la reunión, los ministros abordaron brevemente la situación en el país tras unos comicios cuestionados por capitales como París, cuya diplomacia apuntó que las «graves irregularidades y la ausencia de transparencia en el proceso de verificación y de recuento afectan la confianza en los resultados».

Es una posición muy parecida a la de Estados Unidos, que condenó el resultado y señaló que los comicios no fueron ni «libres» ni «justos». «La voz del pueblo venezolano no fue escuchada», sostuvo el Departamento de Estado en un comunicado, en el que tildó al gobierno de Nicolás Maduro de «dictadura autoritaria».

Los ministros aprobaron en la reunión el informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo que consta de más de 400 páginas. En él se asegura que la situación política, social, económica y de seguridad en Venezuela tuvo un impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La «grave» escasez de medicamentos y productos de primera necesidad ha afectado a los derechos a la alimentación, sanidad y seguridad social de la población.