La Fiscalía lusa acusa a Sócrates de cometer 31 delitos como primer ministro

Cuatro años después de abierta la investigación del caso Marqués, la operación judicial más importante de la democracia portuguesa, el antiguo jefe del Gobierno luso, el socialista José Sócrates, fue acusado formalmente ayer por la Fiscalía de cometer 31 delitos cuando estuvo al frente del país, entre 2005 y 2011. Se le atribuye haberse aprovechado de un complejo entramado de contactos e influencias en el que contó con la ayuda de su amigo Carlos Santos Silva y de destacadas personalidades del mundo financiero y empresarial. Entre otros, el ministerio público le imputa ocho cargos de blanqueo de capitales y tener más de 24 millones de euros en cuentas suizas.

Días antes de lo previsto, la fiscalía emitió un extenso comunicado en el que señala que hay otras 18 personas físicas acusadas, así como nueve empresas, entre las que destaca el grupo Lena, con intereses en diferentes sectores como agua, residuos y energía. Entre los imputados se encuentran el ex presidente del Banco Espírito Santo Ricardo Salgado, el ex presidente ejecutivo de Portugal Telecom Zeinal Baba, el ex gestor del mismo grupo Henrique Granadeiro, y el ex ministro y administrador de la Caixa Geral de Depósitos Armando Vara. También están acusados el íntimo amigo de Sócrates, Carlos Santos Silva, a cuyo nombre estaban las cuentas y las propiedades que en realidad pertenecían a Sócrates; Joaquín Barroca, ex administrador del Grupo Lena, y Rui Horta y Costa, administrador no ejecutivo de Correos de Portugal.

La Fiscalía detalló las actividades ilícitas de la trama en un escrito de más de 4.000 páginas en el que se desgrana, entre otras cuestiones, cómo Sócrates llegó a recibir más de 24 millones entre 2006 y 2009, cuando estaba al frente del Gobierno. Lo habría hecho, en primer lugar, por actuar en beneficio del grupo Lena, que habría conseguido negocios por su mediación y que a cambio pagó elevadas sumas a Santos Silva que, en realidad, tenían como destinatario a Sócrates. Este también obtuvo jugosas sumas de Ricardo Salgado, quien agradecía así la actuación del entonces primer ministro en favor de su estrategia para Portugal Telecom, del cual el Grupo Espírito Santo era accionista. En este caso, Salgado habría pagado los sobornos a través de una tercera persona que movilizaba cuentas en el extranjero.

Hasta que se produjo la acusación de la Fiscalía, el ex primer ministro luso ha tenido que someterse a más de 1.050 días de calvario, tras varias prórrogas en la investigación por falta de pruebas consistentes para avanzar con la acusación, desde que fue detenido en el aeropuerto de Lisboa el 21 de noviembre de 2014, ingresado diez meses en prisión preventiva y después liberado. Los abogados de Sócrates, João Araujo y Pedro Delille, reiteraron ayer la inocencia de su defendido. Consideran las acusaciones como «un manifiesto vacío de hechos y pruebas que demuestren la culpabilidad de nuestro defendido».

El presidente de la República, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, declaró que «es fundamental que la justicia actúe a partir de ahora dentro de los plazos establecidos por la ley». Rebelo, que es abogado, sabe bien las continuas críticas que tanto la defensa de Sócrates como el propio ex primer ministro han vertido por los incumplimientos en los plazos ya que el tiempo máximo establecido para formular una acusación formal no debe sobrepasar los 18 meses. Tras las acusaciones, queda ahora la convocatoria de los juicios, que pueden ser varios dada la complejidad del caso y cuyas sesiones y sentencias se pueden alargar años.