Rusia amenaza con represalias a EE.UU. y dispara la tensión

Moscú impondrá nuevas sanciones a los estadounidenses tras el cierre de su consulado en San Francisco


Nueva York / Corresponsal

A pesar de que Donald Trump sigue negándose a criticar en público a Vladimir Putin, la tensión entre el Gobierno estadounidense y el Kremlin está alcanzando máximos no vistos desde la guerra fría. Horas después de conocerse la decisión del Departamento de Estado de cerrar el consulado ruso en San Francisco, así como varias oficinas en Washington y Nueva York, Rusia anunció que «responderá con dureza a las cosas que nos dañen». «Creímos que esta Administración usaría el sentido común, pero por desgracia los rusófobos en el Congreso no lo están permitiendo», cargó el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, tras acusar a EE.UU. de estar empujando a las relaciones bilaterales, a un callejón sin salida.

La decisión fue consecuencia del recorte de personal que el Kremlin impuso a los americanos en su embajada en Moscú en julio tras las sanciones que el Congreso estadounidense había impuesto a Rusia, aceptadas por Trump a regañadientes.

Las acciones de ambas potencias no hacen más que alimentar una espiral de represalias que se vio incrementada desde que las agencias de inteligencia de EE.UU. confirmaron la injerencia rusa en las elecciones presidenciales del pasado noviembre.

Carta problemática

Mueller avanza a pasos agigantados en unas pesquisas que, entre otras cosas, analizan si Trump obstruyó o no a la justicia en el marco del Rusiagate. Los elementos con los que se ha hecho el fiscal podrían poner en serios aprietos al neoyorquino. El Departamento de Justicia entregó a Mueller un borrador de una carta que detalla los motivos del presidente para despedir al exdirector del FBI James Comey. Dicha misiva, escrita por el propio Trump y su asesor Stephen Miller, fue finalmente bloqueada por el abogado de la Casa Blanca Don McGahn porque consideró que parte del contenido «era problemático».

La carta que finalmente se envió a Comey fue otra diferente, escrita por el subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, quien sostuvo que el cese del funcionario se debía a su mal manejo de la investigación sobre el servidor privado de Hillary Clinton.

El Congreso y los empresarios de Silicon Valley se unen para salvar a los «dreamers»

El futuro de 800.000 jóvenes pende de un hilo. Son los conocidos como dreamers (soñadores), aquellos inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos y se quedaron ilegalmente para trabajar o estudiar. En 2012, sus aspiraciones fueron protegidas por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) impulsado por Barack Obama, sin embargo ahora, la regulación parece estar llegando a su fin. «Amamos a los dreamers», dijo Trump tras confirmar que tomaría una decisión «en algún momento del fin de semana».

A pesar de que la Casa Blanca insistió en que el programa «todavía está bajo revisión», medios como la ultraconservadora Fox News, muy afín al actual presidente, dan por hecho su eliminación, puntualizando que lo que probablemente haga Trump una vez cancelado el programa, es permitir que los dreamers se queden en el país hasta que venzan sus permisos de trabajo.

De ser así, la guerra está asegurada en Capitol Hill donde varias voces republicanas han instado al neoyorquino a que no ponga en juego el futuro de los dreamers: «No debe de ocurrir. Es algo que el Congreso debe arreglar», dijo ayer el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. En la misma línea, 300 líderes de las principales compañías tecnológicas del país, como Google, Apple, Amazon, o Facebook, han enviado una carta al presidente solicitando que no de la espalda a estos jóvenes. La inquietud también se ha apoderado de organizaciones internacionales como Human Right Watch que han recordado que el 73 % de los votantes de Trump apoyan la permanencia de los dreamers.

La Administración Trump tiene hasta el 5 de septiembre para decidir el futuro de DACA, ya que es entonces cuando se cumple el plazo otorgado por los fiscales generales de diez estados para que el Ejecutivo estadounidense elimine la regulación.

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