La Constituyente y los jueces se alían contra la oposición venezolana

El Ministerio Público designó a dos fiscales para investigar la supuesta «traición a la Patria»

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Caracas / Corresponsal

El Ministerio Público venezolano designó a dos fiscales para investigar la supuesta «traición a la Patria» de diputados de la oposición que apoyaron la imposición de sanciones a los bonos del país por parte de Estados Unidos, agravando la crisis política del país y sumándose a la Asamblea Constituyente (ANC), que emitió un decreto en este sentido, y al Tribunal Supremo, cuyo presidente, Maikel Moreno, anunció que se «ponía a la disposición» de la ANC para «dar con los responsables de las decenas de muertos que dejó la escalada de violencia aupada y generada por factores políticos».

Tarek Saab, el fiscal general designado por la Constituyente -que ni la oposición ni la comunidad internacional reconocen-, afirmó que «se ha llamado al ahogo económico del país, lo que perjudica desde el empresario emprendedor hasta al más humilde campesino».

Un «juicio histórico» por traición

La oposición señaló el domingo, tras el anuncio de las sanciones de Estados Unidos, que «sanciones de quien sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo, en ausencia de una justicia imparcial de Venezuela».

La Constituyente calificó de «traición a la Patria» la declaración y señaló que se iniciará un «juicio histórico» contra «una oposición que es una organización criminal para la intervención de Venezuela», afirmó su presidenta, Delcy Rodríguez, una de las más cercanas aliadas de Nicolás Maduro.

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, tildó nuevamente de «ilegítima» a la Constituyente y calificó la amenaza de juicios como «la más reciente injusticia de un esfuerzo sostenido del régimen de Maduro para debilitar la democracia y reprimir la disidencia política», algo en lo que coincide con un duro informe sobre Venezuela publicado el miércoles por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.

A las críticas a la Asamblea Constituyente se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresó ayer su «profunda preocupación por el deterioro de la independencia de poderes y el menoscabo de la institucionalidad democrática en Venezuela». Afirmó que las acciones de la ANC «exceden las competencias de un órgano constituyente y menoscaban las del Parlamento».

La CIDH manifestó «inquietud» por la «potestad discrecional» de la ANC para nombrar y destituir poderes del Estado, como lo hizo con Saab, enviando al exilio a la fiscal legítimamente electa en 2014, Luisa Ortega Díaz.

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