La ONU acusa al Gobierno de Maduro de matar a 81 opositores en las protestas

El informe oficial denuncia que la democracia en Venezuela «está casi acabada»

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Caracas / Corresponsal

En un duro informe, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha puesto en blanco y negro las acusaciones previas del director de esta oficina, Zeid Ra’ad al Hussein, y acusa al Gobierno venezolano de «tener una política destinada a reprimir e infundir temor entre quienes manifiestan», y a ser responsable de al menos 81 de los 156 asesinatos que se registraron en las protestas contra Nicolás Maduro entre abril y julio.

La ONU detalla el uso de fuerza excesiva y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos e incluso torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas particulares, juicios militares contra civiles y ataques contra periodistas y ataques y restricciones contra opositores.

Al Hussein señaló que «la democracia venezolana apenas está viva, si es que acaso está viva», y que «las estrategias empleadas por las autoridades contra las protestas se aplicaron al margen de los derechos y las libertades de los venezolanos. El derecho a la manifestación pacífica fue violado sistemáticamente y los opositores políticos fueron detenidos en gran número», indicó el relator de la ONU, quien agregó que debe evaluarse si el Gobierno venezolano debe seguir formando parte del Consejo de Derechos Humanos, donde tiene un puesto rotatorio.

El informe considera válidas las cifras divulgadas por el Ministerio Público venezolano, cuya titular, Luisa Ortega Díaz, se encuentra en el exilio tras ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente electa en julio y considerada ilegítima por más de 50 países. Señala que, de las muertes violentas acaecidas durante las protestas, al menos 46 son directamente imputables a las fuerzas del orden y otras 27 a la actuación de colectivos paramilitares afines a Maduro.

Desde Costa Rica, donde se encuentra denunciando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la corrupción en su país, Luisa Ortega señaló que el informe de la ONU «contiene las denuncias que he formulado sobre violaciones a derechos humanos y reconoce que en Venezuela existe una política de represión».

Tintori dice que el régimen le incautó 10.000 euros «para pagar un asilo»

El Gobierno venezolano anunció que encontró y decomisó dos cajas con dinero en un automóvil propiedad de un hermano de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. La gran inflación que existe en el país hace que esas dos cajas, con 200 millones de bolívares, equivalgan a unos 10.000 euros al cambio negro del país surdmericano. El fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek Saab, no indicó qué delito se le imputaba a Tintori por tener el dinero, quizás porque no está tipificado en el Código Penal venezolano. La esposa del dirigente político preso indicó que la cantidad era para los gastos de su abuela, una centenaria que reside en un asilo. La controversia viene porque en Venezuela, y debido a la inflación y escasez de billetes, el efectivo está fuertemente restringido en los bancos, que limitan los retiros a. 30.000 bolívares (1,5 euros) al día. Tintori se fue hace más de un mes a Miami con sus dos hijos. El propietario del vehículo, Franco Tintori, se encuentra en México en una gira, pues es músico de profesión.

Una legislación «ad hoc» contra los «traidores a la patria»

La constituyente cumple un mes de declaraciones incendiarias y rechazo internacional

Al cumplirse un mes de su elección, el Gobierno de Nicolás Maduro afirma que la Asamblea Constituyente (ANC) «ha traído la paz». Sus rivales, en cambio, señalan que las decisiones que ha tomado solo han contribuido a afianzar el poder del chavismo, a amenazar a la disidencia, y a aislar aún más a Venezuela, que ahora tiene sus nuevas emisiones de deuda imposibilitadas de negociarse en Estados Unidos. La ANC ha reforzado, además, el consenso de la comunidad internacional de que en el país sudamericano ya no hay democracia.

Hasta ahora, las dos decisiones firmes tomadas por la Constituyente han sido la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y su sustitución por el chavista Tarek William Saab; y un decreto que arroga para este organismo, la capacidad para legislar que solo tiene el Parlamento, controlado por la oposición.

El primer subproducto de ese decreto es la ley contra el Odio, la Intolerancia y la Violencia, que aún no ha sido aprobada, pero que apunta a fomentar la censura en las redes sociales y webs, aún no controladas directamente por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que ya ha cerrado 49 medios (televisiones y radios) durante el Gobierno de Maduro, es decir, más de uno por mes.

Además, en su sesión del martes (aderezada con discursos que prometían hasta el fusilamiento, de opositores), la ANC aprobó un «decreto contra el bloqueo financiero de EE.UU.», en el que anunció un «juicio histórico», contra dirigentes de la oposición (no especificados en el documento, pero sí en los discursos, como Julio Borges y Freddy Guevara, presidente y vicepresidente del parlamento), por «traición a la Patria».

«La oposición es una organización criminal para la intervención de Venezuela», señaló la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, mientras Diosdado Cabello, número dos del chavismo, señalaba que «lamentablemente», la oposición no dejaba opción a la aplicación de «la lógica del enemigo interior».

El «radicalismo ideológico» de la ANC, donde solo hay chavistas alarma a Europa: en Francia, el presidente Emmanuel Macron se refirió a Venezuela como «una dictadura», mientras el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, abogó porque la UE aplique «sus propias sanciones» al régimen de Maduro.

 

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