Que Venezuela no tenía un régimen democrático, strictu sensu, es una realidad constatable por cualquier analista que haya seguido los avatares de este gran país en las dos últimas décadas. No reunía las premisas para ser etiquetado como una dictadura a la vieja usanza, pero desde el pasado viernes ya es un caso de libro.
20 ago 2017 . Actualizado a las 14:51 h.Ese día quedó disuelto definitivamente el parlamento unicameral -la Asamblea Nacional- elegida por sufragio universal directo el seis de diciembre de 2015, en la que los venezolanos votaron masivamente a los candidatos de la oposición, otorgándole una mayoría cualificada de dos tercios, reconocida incluso por un Consejo Nacional Electoral (CNE) al servicio de los sucesivos gobiernos chavistas.
Así, al segundo intento se consumó la anulación formal de un poder legislativo al que el gobierno de Maduro trató de neutralizar desde el primer momento. Primero, con la anterior cámara legislativa en funciones se aseguró el control absoluto del Tribunal Supremo de Justicia que de inmediato asumió competencias tan claramente parlamentarias como la aprobación de los presupuestos general del Estado.
Golpismo togado
Siguiendo al pie de la letra las instrucciones del poder ejecutivo que los había nombrado, el pasado 30 de marzo dictaron una sentencia en la que anularon todas las competencias del parlamento por supuesto desacato y despojaron a los parlamentarios de su inmunidad.
Aquel golpe de Estado togado encendió todas las alarmas, tanto a nivel nacional como internacional y el ex conductor del metrobús ordenó una maniobra táctica de marcha atrás.
Ese supuesto frenazo no evitó las reacciones, incluso desde las propias filas chavistas. Alguna tan sonora como la de la Fiscal General de la República , quien no dudó en calificar la fechoría judicial como una «ruptura del hilo constitucional».
La principal respuesta llegó de la ciudadanía venezolana que atendiendo al llamamiento de la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), salió masivamente a la calle y fue objeto de una brutal represión que ya arroja un saldo de un centenar largo de víctimas mortales, varios centenares de heridos y cerca de un millar de presos políticos.
Refundar el Estado
Maduro y la cleptocracia que lo sostiene, siguiendo con su estrategia de huida hacia adelante a cualquier precio, se sacó de la chistera la convocatoria de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el propósito, nada menos que de «refundar el Estado».
Con esa premisa electoral falsa llamó a los venezolanos a las urnas el pasado 30 de julio. Siguiendo, en buena medida, el modelo de la Democracia Orgánica de Franco habilitó formalmente a medio millar largo de constituyentes. Una parte de los mismos fueron elegidos de forma directa a partir de la lista de candidatos avalados por el partido del Gobierno, otros de forma indirecta, a propuesta teóricamente de sectores sociales y otros nominados directamente a dedo, como su mismísima esposa.
Después de un plebiscito simbólico celebrado dos semanas antes a instancias de la oposición, en el que más de siete millones de venezolanos votaron en contra de la ANC, el poder electoral encarnado en el CNE presentó un resultado de la votación del día 30. Fue algo tan absolutamente inverosímil que hasta Smartmatic, la empresa contratada por el Poder Electoral para controlar el funcionamiento del sistema electrónico de votación denunció que los resultados se habían inflado en al menos un millón de votos.
La fraudulenta ANC se instaló de inmediato y de okupa en la sede oficial de la Asamblea Nacional -la de Chávez en 1999 presidida por Luis Miquilena había sido más respetuosa y había utilizado para sus debates un aula de la Universidad Central de Venezuela- y en su primera reunión del pasado día cuatro le faltó tiempo para destituir a la díscola Luisa Ortega como Fiscal General de la República.
El pasado viernes, casi al mismo tiempo que saltaba la noticia de la fuga por mar y aire de la chavista arrepentida y su marido, diputado del partido de Maduro, se conocía que la Asamblea Nacional Constituyente que rige Venezuela con poderes absolutos había acordado por unanimidad «asumir competencias del Parlamento para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos».
Y todo esto ocurre cuando el cansancio está empezando a hacer mella en los millones de venezolanos que se la han jugado en la calle en estos últimos meses y cuando han vuelto a aflorar las disensiones y los personalismos en el seno de una oposición que decidió entrar al trapo de unas elecciones regionales convocadas a última hora para el próximo mes de octubre y a las que solo se podrán presentar como candidatos aquellos opositores a los que la ANC les expida certificado de buena conducta, según advirtió Diosdado Cabello, el mamporrero del madurismo.
De contrarrestar el sobredimensionamiento mediático del tema Venezuela, que tanto preocupa a algún dirigente del PSOE, ya se está ocupando la cruda realidad del azote terrorista que estalló en Barcelona.
Si hasta la fecha alguien albergaba dudas más o menos razonables sobre si el chavismo y su posterior reencarnación madurista era un régimen dictatorial a la vieja usanza, un régimen autoritario o la versión tropical del populismo, pareciera que ya debieran haber quedado despejadas, como apuntaba la pasada semana el filósofo francés Bernard Henry-Levy en su artículo Maduro, entre Castro y Pinochet.