Maduro resiste la presión interna y externa y se aferra a la Constituyente

PEDRO GARCÍA OTERO CARACAS / CORRESPONSAL

INTERNACIONAL

Miguel Gutiérrez | Efe

El Gobierno prohíbe las protestas de la oposición «para evitar interferencias»

28 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

A pocas horas de que se concrete la elección a la Asamblea Constituyente que, según los sondeos, rechazan ocho de cada diez venezolanos y buena parte de la comunidad internacional, las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, mediadas por José Luis Rodríguez Zapatero, continúan, aunque con cada vez menor certeza de que lleven a una suspensión, temporal aunque fuere, del proceso que amenaza con convertirse en el detonante de un conflicto social a gran escala en el país sudamericano. Maduro, ajeno a las presiones internas, en forma de huelga de la oposición, y externas, de la comunidad internacional, se aferra a su hoja de ruta para mantener el poder.

Fuentes relacionadas con las discusiones confesaron que Maduro ofreció el aplazamiento de los comicios entre 45 días y seis meses. Zapatero se reunió con, entre otros, Julio Borges, presidente del Parlamento, y Luis Florido, diputado de Voluntad Popular, aunque sin progreso alguno.

La oferta de suspensión estaría atada a un retorno al calendario electoral regular, sin otros procesos y la oposición la rechazó señalando que el Gobierno debe cumplir con los acuerdos que se negociaron en octubre con la mediación del Vaticano, que incluyen el reconocimiento de la Asamblea Nacional opositora, la apertura de un canal humanitario de alimentos y medicinas, la liberación de los presos políticos y un cronograma de elecciones sin inhabilitados políticos.

A escasas horas de la cita con las urnas, la negociación pierde fuerza, porque, según señalaron las mismas fuentes, se impone la tesis de los radicales del chavismo, entre ellos Diosdado Cabello y el vicepresidente Tarek El Aissami, de quien el Gobierno estadounidense dijo el miércoles que poseía «centenares de millones de dólares» a través de testaferros en ese país, acusación que El Aissami rechazó a las pocas horas.

Maduro, en su afán por vestir de normalidad la Constituyente, realizó su acto de cierre de campaña en una céntrica avenida caraqueña, emblema del chavismo, aunque ante una muy disminuida concurrencia. Allí volvió a fustigar las sanciones impuestas por Estados Unidos a trece funcionarios de su Gobierno, a quienes, el miércoles, entregó réplicas de la espada de Bolívar, una distinción que han tenido, en 18 años del chavismo, Moamar Gadafi y Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, entre otros.

Temor a nuevas sanciones

Maduro deberá enfrentar en los próximos tres días una agenda aún no anunciada por la Mesa de la Unidad, que comenzará este viernes con la denominada toma de Caracas, una manifestación que se espera sea multitudinaria, aunque este jueves el ministro del Interior, Néstor Reverol, prohibió las manifestaciones públicas y amenazó con prisión de entre 5 y 10 años de cárcel a quienes intenten sabotear las elecciones del domingo, que se realizarán sin la habitual metodología para impedir el voto múltiple y el fraude electoral.

La MUD respondió de inmediato anunciando que desconoce la autoridad de Reverol, destituido de su cargo por una moción de la Asamblea Nacional que Maduro, a su vez, ha desacatado.

En este ambiente de crispación, las fuentes han señalado que, sin embargo, no es totalmente descartable aún que a través de una sentencia del Tribunal Supremo la Constituyente se postergue porque Maduro, siempre según estos portavoces, teme a un Cabello que tendría mayor poder que él como presidente de la Asamblea. Y teme aún más un recrudecimiento de las sanciones internacionales contra él y su entorno, ya no solo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea y sus vecinos de América Latina.

Tres muertos y decenas de detenidos en la huelga general

Aunque en Caracas tuvo menos seguimiento que el del pasado jueves 20 de julio, el paro nacional de 48 horas convocado por la oposición venezolana para el miércoles y ayer tuvo un cumplimiento del 92 % en el país, según la Mesa de la Unidad Democrática. El Gobierno -que tomó la muestra de la actividad económica entre grandes empresas y el centro de la capital-, calificó la convocatoria como «un fracaso» y dijo que demuestra «el debilitamiento de la derecha», según el balance que hizo el exdiputado y candidato a la Asamblea Constituyente Francisco Torrealba.

Sin embargo, en ciudades como Maracaibo (la segunda en importancia del país), la oposición estimó que el paro alcanzó el 95 % de la actividad económica; y en Valencia (la tercera), por encima del 85 %. «Nadie se rinde. El descontento no se puede ocultar. Las calles desoladas. ¡Seguimos!», tuiteó Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional y portavoz de la oposición.

El paro estuvo acompañado de graves incidentes que dejaron al menos 30 heridos, 176 detenidos, según estimaciones de la oenegé Foro Penal Venezolano, y otros tres asesinados: dos en el occidental estado Mérida, y uno en Caracas, en Petare, la barriada autoconstruida más grande de América Latina, que elevan a 107 la cantidad de manifestantes muertos en 114 días de protestas.

Además, hubo graves incidentes de amedrentamiento en el centro y este de Caracas, incluyendo el ametrallamiento de fachadas de edificios, además del uso en abundancia de perdigones y de gas lacrimógeno, no solo por parte de la Guardia Nacional y la Policía Nacional, sino también por los colectivos paramilitares, a los que la oposición acusa de los asesinatos de Enderson Caldera, de 23 años, en Timotes, Mérida; y de Jean Aponte, de apenas 16, en Caracas. De la muerte de Rafael Vergara (30), en Ejido, un pueblo aledaño a la ciudad de Mérida, se culpa a la GN.

A lo largo de la jornada de ayer, continuaron los cierres de carreteras y calles y los choques entre manifestantes y militares en casi todo el país, especialmente en zonas populares de Caracas y las principales ciudades.