La UE responderá a EE.UU. si las nuevas sanciones a Rusia lesionan sus intereses

Ve inaceptable que Washington ponga en riesgo la industria y la energía europeos


bruselas / corresponsal

¿Guerra política con Rusia o guerra comercial con la UE? El visto bueno que dio el martes el Congreso de EE.UU. al proyecto que extiende las sanciones a Rusia ha puesto en pie de guerra a la Unión. Bruselas, París y Berlín se preguntan al unísono si la intención de Washington es castigar la supuesta injerencia de Moscú en las pasadas elecciones, la invasión rusa de Crimea y la violencia en el este de Ucrania o si esconde un interés más oscuro: perjudicar a la industria europea y hacer al bloque más dependiente.

Bruselas no escondió este miércoles su disgusto por una medida que puede restringir el acceso de empresas energéticas como las alemanas Wintershall y Uniper, la autriaca OMV, la holandesa Shell y la francesa Engie a los contratos públicos y financiación bancaria en Estados Unidos. «El America first no puede significar que los intereses europeos queden de últimos», se quejó el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, después de amenazar a EE.UU. con represalias: «Si nuestras preocupaciones no son tenidas suficientemente en cuenta, estamos listos para actuar de manera apropiada en cuestión de días», deslizó.

Juncker recordó a Washington que el proyecto de ley, que deberá ser aprobado por el Senado antes de someterse a votación definitiva a mediados de agosto, «podría tener efectos unilaterales no intencionados sobre los intereses para la seguridad energética de la UE». Algo que quedó de relieve con la airada reacción de las autoridades alemanas, que esperan la culminación del gasoducto NordStream II, gracias al cual Rusia bombeará gas por sus tuberías atravesando el Báltico.

«Las sanciones no pueden ser un instrumento de la política industrial en beneficio de EE.UU.», protestó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Martin Schäfer, quien sí celebró que hayan quedado fuera del dedo inquisidor de Washington aquellos gasoductos que tengan su origen fuera de Rusia, como los que inyectan gas desde los países centroasiáticos, y que se haya incluido la obligación de consultar con la contraparte europea. «Rechazamos las sanciones con repercusiones extraterritoriales, en terceros países», señaló la viceportavoz de la cancillería, Ulrike Demmer.

La UE insiste en que está comprometida «de lleno» con las actuales sanciones al régimen ruso, pero reprocha a la Administración norteamericana tomar estas decisiones de forma unilateral y de espaldas al G 7. La diplomacia europea sigue trabajando a destajo para buscar solución a este nuevo altercado. Poco podrá hacer el presidente Trump. Aunque decida suspender las sanciones, el Congreso tendrá la última palabra. En Washington se cree que las sanciones tienen por fin mostrar firmeza hacia Moscú tras su injerencia en las presidenciales.

Rusia no se mantuvo ajena a la polémica. El Kremlin adelantó este miércoles que no se quedarán de brazos cruzados y que responderán a la ofensiva norteamericana: «Estos actos serán respondidos», aseguró el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, quien acusó a los promotores de esta iniciativa de dar «un paso muy grave hacia la destrucción de las perspectivas de normalización de las relaciones con Rusia».

Hungría, República Checa y Polonia, apercibidas por no acoger refugiados

«Es lamentable haber llegado a este punto. Esperamos que prevalezca la razón». Así se expresó este miércoles el comisario de Migración, Dimitris Avramopoulos. Su equipo ha puesto a Hungría, República Checa y Polonia al borde del precipicio por negarse a reubicar refugiados desde Italia y Grecia, tal y como acordaron los líderes europeos. A pesar de las advertencias, sus Gobiernos hicieron caso omiso, una actitud que este miércoles colmó la paciencia de la Comisión.

En consecuencia, el Ejecutivo de la UE decidió avanzar un paso más en los expedientes sancionadores de estos tres países, que dispondrán de un solo mes de plazo para responder a las llamadas de Bruselas. De no hacerlo, deberán rendir cuentas ante la justicia europea. «Lamento que algunos Estados miembro sigan sin mostrar solidaridad, ignorando nuestras llamadas repetidas a participar en este esfuerzo común», se quejó Avramopoulos antes de celebrar el dictamen del abogado general de la UE, quien este miércoles recomendó al Tribunal de Justicia de la UE desestimar las denuncias interpuestas por Hungría y Eslovaquia contra el sistema de cuotas de reparto de refugiados.

«Confirma que es una medida proporcionada para aliviar la carga que soportan Grecia e Italia», aseguró el comisario. La opinión del magistrado echa por tierra todos los argumentos que habían enarbolado sendos Gobiernos para justificar su rebelión. Desde su punto de vista, el programa es válido puesto que se aprobó haciendo uso de los Tratados, por consenso y para hacer frente a una situación de «clara urgencia».

Obligaciones jurídicas

Faltan dos meses para que expire el programa de reubicación de asilados y ni Polonia ni Hungría han estrenado casillero. República Checa solo abrió sus puertas a 12 refugiados, cuatro menos que Eslovaquia, que cierra el pelotón de cola. Avramopoulos advirtió este miércoles a los más perezosos de que el programa puede caducar, pero no los compromisos. «Aunque el sistema de reubicaciones concluya en septiembre, las obligaciones jurídicas de los países no se quedan ahí. Tendrán que seguir recibiéndolos», explicó el griego.

De los 160.000 iniciales que se habían apalabrado, Bruselas ha reducido la cifra a 106.000 asilados, de los cuales solo 24.676 han sido reubicados (23.3%). A pesar de los esfuerzos en las últimas semanas, España sigue dando la espalda a sus responsabilidades. De los 9.323 que debían arribar a su territorio, el Gobierno solo ha tendido la mano a 1.093 (11.7% del objetivo pactado).

Bruselas castigará a Varsovia si no frena la reforma judicial

Bruselas no perdona a Polonia. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, dejó caer este miércoles la guillotina sobre Varsovia, que esperaba un indulto de última hora. El veto parcial del presidente polaco, Andrzej Duda, a la reforma del sistema judicial que amenaza con liquidar la independencia de los tribunales y la separación de poderes, no fue suficiente para evitar el castigo del Ejecutivo comunitario.

A Polonia se le abre un nuevo frente en forma de expediente sancionador por «violar la legislación europea». Así lo constató el comisario holandés, quien cree que la amenaza que se cierne sobre el Estado de derecho, la independencia y legitimidad de la justicia, «va en aumento». La reprimenda no ha quedado ahí. Bruselas ha enviado una carta de recomendaciones a Varsovia en la que se insta al Gobierno del partido ultraconservador Ley y Justicia a dar marcha atrás en su ofensiva autoritaria.

Timmermans le da un mes a la primera ministra, Beata Szdylo, para rectificar y le lanza un ultimátum: «Si las autoridades polacas toman medidas para forzar el retiro o expulsión de jueces del Tribunal Supremo, estamos listos para activar de forma inmediata el procedimiento del artículo 7 de los Tratados», un movimiento que podría desembocar en la suspensión del voto de Polonia en la UE. Szdylo sigue en sus trece y anunció este miércoles que no cederá al «chantaje» de la Comisión.

Por delante queda un calendario difuso y mucha incertidumbre. La actividad parlamentaria en Polonia estará suspendida hasta septiembre así que no está claro que Timmermans vaya a encontrar un interlocutor al otro lado del teléfono. No se da por vencido y trata de persuadir a los más indecisos sin apelar al miedo sino a la ley. «Todo ciudadano europeo tiene derecho a un juez independiente que no actúe respondiendo a una llamada de un ministro de un partido», indicó.

El Gobierno polaco acusó a Bruselas de «extorsionar» al país y de hacer juicios que «no se ajustan a la realidad». En la disputa ha tenido que intervenir la máxima autoridad europea, Jean Claude Juncker: «Si siguen adelante socavando la independencia de la justicia, no tendremos otra alternativa que activar el artículo 7». Una medida inédita en la historia de la UE que exigiría el apoyo de las cuatro quintas partes del Consejo Europeo y que podría desembocar en la suspensión del voto si así lo deciden los 27 de forma unánime.

Impugnado el acuerdo con Canadá sobre los datos de pasajeros aéreos

El Tribunal de Justicia de la UE rechazó este miércoles el acuerdo previsto entre la UE y Canadá sobre la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros aéreos firmado en 2014 por considerarlo incompatible con los derechos fundamentales reconocidos por la Unión. El acuerdo pretende luchar contra el terrorismo y las formas graves de criminalidad internacional, y permite la transferencia sistemática y continua de datos del conjunto de los pasajeros aéreos de la UE a una autoridad canadiense. También permite la eventual transferencia posterior de esos datos a otras autoridades o países y el almacenamiento durante cinco años. El tribunal entiende que tales medidas conculcan el respeto debido a la vida privada.

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