Solo el veto de Hungría impide por ahora que se active el artículo 7 del Tratado de Lisboa para la salida de Varsovia
23 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Las últimas reformas legislativas del sistema judicial de Polonia, criticadas por su rupturismo con el Estado de derecho, han dado pie a que la Unión Europea ponga sobre la mesa la posibilidad de estrenar su «bomba atómica» y retirar al país su derecho a voto en el Consejo, según recoge Efe.
A propuesta de la Comisión, el Consejo puede determinar la existencia de un «claro riesgo de seria ruptura» de los valores europeos por parte de un Estado miembro a través de una mayoría cualificada, pero aprobar las sanciones requiere de la unanimidad de todos los países, algo que en estos momentos parece improbable por el apoyo mostrado desde Hungría a las decisiones polacas.
En su papel de guardiana de los tratados, la Comisión Europea abrió el pasado miércoles la puerta a utilizar el artículo 7 del Tratado de Lisboa en respuesta a las reformas del sistema judicial polaco, criticadas por suponer un peligro para la independencia de la magistratura y para la separación de poderes.
El año y medio de pulso entre la Unión y el Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia comenzó en enero de 2016, cuando Bruselas estrenó por primera vez un nuevo instrumento complementario y previo a la activación del artículo 7 para vigilar el respeto a las libertades fundamentales.
Mediante este proceso, «basado en el diálogo continuado entre ambas partes», la Comisión puede emitir opiniones y recomendaciones tras discernir la gravedad de la amenaza al Estado de derecho en un país concreto.
Bruselas ya ha emitido dos recomendaciones y prepara la tercera para el próximo miércoles, que previsiblemente acompañará con un procedimiento de infracción por violación de la normativa comunitaria una vez haya revisado en profundidad los nuevos textos legales polacos. Este pulso entre Varsovia y Bruselas no preocupa únicamente al órgano ejecutivo de la Unión.
El presidente del Consejo Europeo, el también polaco Donald Tusk, pidió e «evitar consecuencias que puedan llevar a la marginalización de Polonia en Europa», y advirtió de que este proceso requiere «voluntad para hablar» además de «concesiones y respeto mutuo». «Estas reformas nos transportan, en sentido político, atrás en el tiempo y hacia el este geográficamente», alertó Tusk.
Teniendo en cuenta que las sanciones previstas en el artículo 7 no pueden aprobarse sin el beneplácito de Hungría, que no está por la labor de alinearse con la UE contra otro gobierno conservador, la UE no tiene muchas más opciones legales para persuadir a Polonia de que retorne a la senda del Estado de derecho. Y Polonia ya ha dado muestras de que no tiene intención de retroceder, a pesar de las multitudinarias manifestaciones en todo el país contra las nuevas leyes.