En el plano interno, la acción contra el Parlamento causó el rechazo de la Iglesia Católica, que a través del presidente de la Conferencia Episcopal, Diego Padrón, señaló que el ataque «refleja que el régimen de Nicolás Maduro no pretende modificar sus estrategias violentas». La Iglesia tiene claro que el régimen se convirtió en una «dictadura» y que esta se consolidará con la elección, el 30 de julio, de una Asamblea Constituyente, razón por la cual se ha ofrecido a prestar sus locales para el plebiscito organizado por la oposición con el fin de abortar su nacimiento.
El único diputado chavista que aún asiste a la Asamblea Nacional, Germán Ferrer, el esposo de la amenazada fiscal general Luisa Ortega Díaz, afirmó que desde el martes se incorporará al Parlamento en una «nueva fracción» a la que podrían sumarse otros diputados disidentes del chavismo. Sus nombres, hasta ahora, son una sorpresa guardada con esmero, pero se afirma que el paso que han anunciado podría haber sido la razón última del asedio al palacio del Legislativo el pasado 5 de julio.
