El detenido se declaró culpable de haber matado a un médico del ejército de los EE.UU. y más tarde se retractó
07 jul 2017 . Actualizado a las 21:40 h.El Gobierno de Canadá se ha disculpado formalmente ante un ciudadano canadiense que estuvo preso en Guantánamo durante una década y ha llegado a un acuerdo económico con él, una decisión que podría dañar la imagen del primer ministro Justin Trudeau. Omar Khadr fue detenido en Afganistán en el 2002 cuando tan solo tenía 15 años después de un tiroteo con soldados estadounidenses y pasó una década preso en la prisión militar norteamericana situada en el extremo oriental de Cuba.
El joven se declaró culpable de haber matado a un médico del Ejército de Estados Unidos y se convirtió en el recluso más joven de Guantánamo. Sin embargo, Khadr se retractó más tarde y sus abogados alegaron que había sido brutalmente maltratado. En 2010, el Tribunal Supremo de Canadá sentenció que el país había privado a Khadr de sus derechos enviando agentes para interrogarlo y compartiendo la información con Estados Unidos. «Queremos pedir disculpas al señor Khadr por cualquier papel que los funcionarios canadienses puedan haber jugado en relación con su calvario en el extranjero», han lamentado la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, y el ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale.
Fuentes cercanas al caso han señalado que esta semana Khadr ha recibido 10,5 millones de dólares canadienses que equivalen a 8,2 millones de dólares. El acuerdo es el quinto que Canadá alcanza desde 2007 con ciudadanos encarcelados en el extranjero que han denunciado que el país era cómplice de su agravio. Los conservadores y otros críticos de la oposición lo rechazan y han denunciado el acuerdo que se hizo público a principios de esta semana, defendiendo que Ottawa no tiene ninguna deuda con un hombre que admitió haber matado a un médico estadounidense.
Los hechos se produjeron a raíz de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, cuando Canadá y otros países se apresuraron a combatir la amenaza terrorista con procedimientos menos garantistas. Los demandantes afirman que las fuerzas de seguridad canadienses «tomaron atajos» lo que pudo producir abusos y violación de derechos.