La huelga general deja atascos de 72 kilómetros en Río

Está motivada por la reforma laboral y el sistema de pensiones que el Gobierno de Temer tramita en el Congreso


Redacción / la voz

Río de Janeiro registró ayer atascos de más de 72 kilómetros por los cortes en las principales vías de acceso ocasionados por la huelga general en Brasil contra la reforma laboral y el sistema de pensiones que el Gobierno de Temer tramita en el Congreso. La peor situación se registró en la Avenida Brasil, la principal vía de acceso de la ciudad, en la se formó una fila de automóviles de 24 kilómetros, de acuerdo con O Globo. Los manifestantes también hicieron piquetes en otras avenidas importantes de la ciudad y llegaron a bloquear el acceso al aeropuerto internacional.

Pese a ello, la adhesión al paro fue menor que la del pasado 28 de abril y no consiguió paralizar el país. Su repercusión, pese a ser importante, no deja sin oxígeno al Gobierno. Según informa Efe, tanto en Sao Paulo, el corazón financiero e industrial del país y también el fortín de las mayores centrales obreras, como en Río de Janeiro, pese a los problemas del transporte mencionados, la mayoría de los servicios, incluido el bancario, funcionaron con normalidad. Otra cosa fueron las manifestaciones, convocadas por la tarde, que contaron con una afluencia muy nutrida.

Pese a los problemas judiciales que lo acorralan, Temer intenta sacar adelante una reforma de las pensiones y otra del mercado laboral que están respaldadas por las patronales y son duramente criticadas por los sindicatos. La principal causa del descontento es el intento de modificar el sistema de jubilación, con una propuesta para aumentar la edad para acceder a ese beneficio, pero el malestar también ha sido alimentado por otras medidas impulsadas por el Ejecutivo. Entre ellas, figuran la tentativa de abarata la mano de obra al darle carácter formal a convenios colectivos aún cuando no se ajusten a la ley y eliminar la contribución obligatoria de los trabajadores a los sindicatos, que así perderían poder económico. También incide en el descontento otra reforma ya sancionada por el Gobierno, que permite que las empresas conviertan a todos sus empleados en personas jurídicas o prestadores de servicios para todo tipo de actividad.

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