La fiscala general de Venezuela, una bomba de tiempo para el chavismo

De las muchas dudas que pueden asaltar hoy a Nicolás Maduro -el asedio de las protestas, la ingobernabilidad económica o la posible deslealtad de los militares-, la más inmediata es cuál será el próximo movimiento de la fiscala general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. En poco tiempo, ha pasado de ser una aliada fundamental del chavismo a ser acusada de «traidora» y «contrarrevolucionaria». La razón: atreverse a contradecir al Gobierno, en menos de un mes, en dos cuestiones clave. A finales de marzo, calificar de «ruptura constitucional» las sentencias del Tribunal Supremo que otorgaban a este las facultades legislativas y, esta semana, rechazar la versión oficial del asesinato del manifestante opositor Juan Pernalete en una protesta en Caracas.

Ambas declaraciones generaron un seísmo en las filas chavistas. La primera detonó las protestas opositoras, y la segunda reforzó la visión sobre el carácter represivo de las Fuerzas Armadas.

Vladimir Padrino, ministro de Defensa, la acusó de «afectar el espíritu de cuerpo» de la Guardia Nacional; y Diosdado Cabello, número dos del chavismo, señaló que la Asamblea Constituyente, que promueve el presidente, tendrá como uno de sus primeros objetivos defenestrarla. 

Leal a Chávez

En público, Ortega ha respondido indirectamente. En una entrevista a The Wall Street Journal, reafirmó su lealtad a la memoria de Hugo Chávez, y que la Constitución de 1999, que Maduro pretende cambiar, «es perfecta». 

Hija de Pedro Ortega Díaz, un histórico dirigente comunista del que tomó los dos apellidos, tuvo una carrera fulgurante en el Ministerio Público: en el 2007, solo cinco años después de su ingreso, ya era fiscala general de Venezuela. La ayudó su dureza para lograr las condenas contra los implicados en el golpe de Estado contra Chávez en el 2002; para ser reelecta en el 2014 se sirvió de la condena a 14 años contra Leopoldo López, caso que defendió el fiscal Franklin Nieves.

Ya entonces se tejían dudas sobre su lealtad. En la cúpula del chavismo, hubo quienes se resistieron a que fuera reelecta. Su padrino fue Diosdado Cabello, entonces presidente del Parlamento, que esta semana pidió «disculpas» por haber promovido su segunda designación. Nieves terminó escapando a Miami poco después de la condena de López, en el 2015, y contando las presiones que Ortega Díaz tuvo en el caso. Se afirma que ese expediente, en poder de EE.UU., es un elemento que ha llevado a que la fiscala «recapacite».

Otras versiones apuntan que, sencillamente, no quiere ser una de las primeras presas del postchavismo y que está horrorizada de lo que se ha vivido en Venezuela en los últimos meses. A Ortega, hasta sus más acérrimos enemigos le reconocen que en los casos no políticos, la fiscalía opera bien, y con eficiencia.

Ahora, se afirma que sus próximos movimientos serán imputar a varios altos jerarcas del chavismo por corrupción en el caso Odebrecht (Venezuela es el único país de la región en el que no hay presos por este caso, pese a que es el país que más obras concedió sin licitación a la constructora), e incluso la declaración de inconstitucionalidad de la Constituyente, con el que Maduro pretende amarrarse al poder.

En privado, Ortega ha mandado mensajes al Gobierno sobre que no piensa renunciar a su cargo, con un mandato hasta el 2021. La oposición, que antes la denostaba, ahora la apoya. Incluso Voluntad Popular, el partido de López, «su» preso por antonomasia.

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