Lula defiende su inocencia ante el juez Moro durante casi tres horas de interrogatorio

Transformó su cita con la Justicia en un acto político en el que adelantó que se prepara para competir por la Presidencia en 2018.


RÍO DE JANEIRO / COLPISA

Precedido de un ambiente de movilización popular y gran expectación, el expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva declaró ayer por primera vez en Curitiba ante el temible juez federal Sergio Moro, que conduce la mayor investigación de corrupción entre políticos y empresarios de la historia de este país, conocida como Lava Jato. Transformó su cita con la Justicia en un acto político en el que adelantó que se prepara para competir por la Presidencia en 2018.

Durante casi tres horas, Lula respondió a la batería de preguntas del fiscal con dos líneas de argumentación definidas: nunca percibió soborno alguno durante su etapa al frente del país y todas las acusaciones tienen un claro perfil político, vinculadas a las ansias de sus adversarios de impedirle regresar a la primera línea en el país.

Acompañado por la exmandataria Dilma Rousseff, por gobernadores, senadores, dirigentes políticos y sociales, Lula se manifestó tranquilo, a pesar de que minutos antes el Tribunal Supremo negó a sus abogados su última maniobra para evitar la comparecencia: una solicitud para aplazar la audiencia, a fin de contar con más tiempo para leer nuevos documentos en el expediente.

El expresidente se expresó «indignado», en cambio, por la decisión de un juez de Brasilia, que resolvió esta semana suspender las actividades del Instituto Lula en Sao Paulo. Moro fue el responsable de la sonada detención de Lula en marzo del 2016, cuando la policía lo fue a buscar a su casa, en Sao Paulo, para interrogarlo. También fue el juez que reveló el contenido de conversaciones telefónicas entre Lula y Dilma cuando la entonces presidenta intentaba designar a Lula como su jefe de la Casa Civil. Moro se disculpó por eso. El Movimiento de los Sin Tierra y otras organizaciones populares acamparon en Curitiba para respaldar al expresidente. Según el dirigente Joao Stédile, los activistas se movilizaron «para defender la democracia, los derechos del pueblo trabajador y el derecho de Lula a ser candidato a presidente».

Impedir su candidatura

Al cierre de esta edición todavía continuaba la comparecencia judicial. Al igual que el exmandatario, sus simpatizantes insisten en que la causa responde a una persecución judicial y mediática. Si el expresidente fuera condenado, no podría presentarse a las presidenciales del 2018, en las que sería un potencial favorito por delante de la líder ecologista Marina Silva, el conservador Aecio Neves e incluso el presidente, Michel Temer, al que ganaría con el mayor margen, según los últimos sondeos.

En el 2016, el fiscal Deltan Dallagnol acusó a Lula de ser el «comandante máximo» de Lava Jato, como se denomina a la vasta red de empresas que hicieron negocios con la petrolera Petrobras a cambio de sobornos. Según su investigación, Lula recibió alrededor de 3,7 millones de reales -poco mas de un millón de euros- en sobornos a través de un tríplex en la localidad de Guarujá y del pago del alquiler de un depósito en el que guardó su acervo acumulado en los dos períodos presidenciales.

El juez sospecha que Lula da Silva aceptó la vivienda de la constructora OAS a cambio de facilitar negocios con Petrobras. El expresidente lo niega. Según su versión, su esposa -fallecida el pasado mes de febrero- había pagado una cuota del proyecto cuando estaba en construcción y era administrado por un sindicato. Luego, el edificio sin terminar fue adquirido por la firma OAS. La pareja volvió a visitar el piso ya casi terminado, pero desistió de comprarlo. El tríplex está a nombre de OAS en la documentación oficial. No obstante, hace dos semanas, el expresidente de la constructora, Leo Pinheiro, condenado a 26 años de prisión, declaró que su propiedad sería de Lula da Silva, aunque no tiene pruebas en su poder que acrediten esa acusación.

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