Trump vuelve a la carga contra la reforma sanitaria

Ofrece cambios ligeros para doblegar la resistencia de los republicanos reacios


nueva york / corresponsal

Un mes después del estrepitoso fracaso de la propuesta sanitaria de Donald Trump, la nueva administración trata de llevar una nueva versión al Congreso y así intentar derogar el Obamacare, antes de que el presidente llegue a la marca de los 100 días de gobierno el próximo día 29. Los funcionarios de la Casa Blanca trabajan desesperados para conseguir que las concesiones de su jefe aplaquen a las facciones enfrentadas del partido: moderados y ultraconservadores. Las reuniones se suceden en Washington, con la participación de Tom McArthur, representante del centrista Tuesday Group y Mark Meadows, uno de los líderes del Freedom Caucus, el grupo que impidió que la propuesta original avanzara.

La última versión no refleja grandes cambios con respecto al primer modelo y, según los analistas, no parece probable que las ligeras modificaciones puedan hacer cambiar de opinión a los ultraconservadores. Aun así, el esfuerzo refleja la sensación de urgencia de Trump por conseguir una victoria sólida y así poder trabajar sobre otros objetivos, como la reforma fiscal. «Estamos muy cerca de conseguirlo», dijeron al unísono Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, uno de los líderes de las negociaciones.

La presión fue recibida con escepticismo en Capitol Hill. Según The Washington Post, varios republicanos se mostraron preocupados por la posibilidad de que las prisas en este proceso provoquen otro fracaso para el Ejecutivo. Además, los republicanos se enfrentan a una negociación más urgente: conseguir que el Gobierno federal no se quede sin dinero. Para ello, deben alcanzar un acuerdo y aprobar un presupuesto antes de la medianoche del próximo viernes. El principal escollo continúa siendo la aprobación de fondos para la construcción del muro con México, el refuerzo de la seguridad en la frontera sur y el aumento del gasto militar. Tras la derrota del Obamacare hay poco margen para otro fracaso, aunque según Politico, y teniendo en cuenta que el muro es una de las promesas de campaña, no se descarta que Trump amenace a los demócratas con paralizar el gobierno federal.

Menos deportaciones que con Obama

Donald Trump siempre vendió la inmigración ilegal como una amenaza contra la seguridad pública. Sin embargo, y para escapar de las acusaciones de racista o xenófobo, justificó su mano dura asegurando que sus esfuerzos irían dirigidos contra aquellos que tuviesen antecedentes criminales. Este extremo ha quedado en entredicho tras el último informe de la Oficina de Inmigración y Aduanas. Según los datos del pasado marzo, Trump deportó a menos inmigrantes que su antecesor Barack Obama, pero a más sin antecedentes criminales. Los números hablan de 18.660 inmigrantes deportados por Trump frente a 20.148 expulsados por Obama en el mismo período del año pasado. Sin embargo, 8.008 de los expulsados por el neoyorquino (casi un 43 %) son inmigrantes sin antecedentes, mientras que en el caso de Obama representaban un 38’6 % menos.

El problema es que con la llegada de Trump a la Casa Blanca, lo que antes se consideraba una simple falta leve ahora ha adquirido una consideración criminal. Así lo anunció hace escasos diez días el fiscal general, Jeff Sessions. Él fue el encargado de anunciar castigos severos para todos aquellos que regresasen a EE.UU. tras ser expulsados, o los que incumpliesen los términos de sus visados. Esto ya suponía un delito juzgado por las cortes de inmigración. Ahora, el nuevo mandato se extiende a los tribunales criminales.

La mano dura contra la inmigración ha inundado al departamento de Justicia de tal manera que el actual reglamento insta a los fiscales federales a darles mayor prioridad a los delitos de inmigración. Uno de ellos fue el artífice de una de las demandas que sufrió el bloqueado veto antiinmigrante de Trump y al que Sessions se ha referido recientemente, protagonizando una nueva embestida contra el poder judicial después de cuestionar que «un juez de una isla del Pacífico» pueda decidir sobre la política migratoria. Sessions se refería al juez federal de Hawai, Derrick Watson, quien en marzo bloqueó el veto migratorio por segunda vez.

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