El «extractivismo» de Correa domina el fin de la campaña electoral en Ecuador

La oposición anunció que renegociará las concesiones a mineras y petroleras

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quito / e. la voz

Santiago de Panantza es una pequeña aldea indígena del Amazonas ecuatoriano. Está habitada por la tribu Shuar y varias comunidades mestizas. Durante años ha pasado desapercibida, pero ahora se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza del todavía presidente Rafael Correa. Es el epicentro de manifestaciones, en ocasiones violentas, contra Explorcobres, una minera china que opera cerca de allí.

La zona explotó el pasado 14 de diciembre, cuando un policía perdió la vida en una de las protestas al recibir un balazo en la cabeza. El Gobierno reaccionó declarando el estado de excepción, vigente hasta esta semana. Envió a un millar de militares y detuvo a varios líderes indígenas, lo que hizo de Santiago un emblema para quienes critican las políticas «extractivistas» de Correa y ven en ellas un reflejo de sus pulsiones autoritarias.

«La minera ha comenzado a actuar en la zona sin consulta previa ni consentimiento previo de los Shuar, un requisito indispensable según la legislación internacional», señala Alexandra Almeida, directora de la onenegé Acción Ecológica. Esta entidad ambientalista ha cobrado relevancia las últimas semanas porque el ministerio del Interior inició los trámites para disolverla a finales de diciembre. Apoyó su decisión en el supuesto «respaldo» que prestó a las acciones y hechos violentos de Santiago de Panantza, «realizando afirmaciones sobre los graves impactos ambientales» de la minera y «promoviendo la movilización social» y el respaldo a los enfrentamientos.

El caso pasó a ser dilucidado por el ministerio del Ambiente, que lo archivó. Pero eso no cerró el conflicto. «Cuando pasa alguna cosa el presidente siempre intenta culpabilizar a sectores que no piensan igual que el gobierno», asegura Almeida rechazando la etiqueta de que trabaja al servicio de la oposición.

La situación vivida en Santiago de Panantza podría influir en los resultados de las presidenciales del domingo. El candidato oficialista, Lenin Moreno, lidera las encuestas con una solvencia superior a los 10 puntos sobre sus rivales, pero los candidatos de oposición se han lanzado a explicar cómo revisarán y renegociarán llegado el caso los contratos con las mineras y petroleras del país frente a las pretensiones de Correa y sus aliados de mantener los proyectos mineros con el argumento de que son un medio para «vencer la pobreza».

El presidente lanzó en 2007 una innovadora propuesta para proteger el Parque Nacional Yasuní, también en el Amazonas, ante el interés de varias petroleras por explotar sus recursos. Planteaba la recaudación de unos 3.300 millones de euros a través de donaciones de los países ricos, a cambio de desistir de la explotación de petróleo. El monto total es la mitad del valor del petróleo que se estima existe en la zona. El pago se haría en forma de devolución de deuda ecológica. Desistió en 2013, tras recaudar poco más de 12 millones de euros. «El mundo nos ha fallado», señaló.

Las extracciones ya han comenzado en la zona, dividiendo a las comunidades entre quienes optan por un modelo económico de turismo sostenible y quienes optan por acoger a las petroleras y aceptar sus puestos de trabajo.

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