Tras abandonar la jurisdición del TPI, solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría exigir a Rusia responsabilidades por crímenes de guerra, pero en su seno el país tiene derecho a veto
17 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.En su estrategia de evitar que la justicia internacional impida a Rusia materializar su actual política exterior de expansionismo o aplicar decisiones arbitrarias dentro del país, el presidente ruso, Vladimir Putin, revocó la firma del Estatuto de Roma, que dio origen a la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya. Rusia se suma así a Estados Unidos, China e Israel, cuyos ciudadanos tampoco están sometidos a la jurisdicción de La Haya.
Tras el abandono de la jurisdicción del TPI, en vigor desde ayer mismo, ningún ciudadano ruso podrá ser juzgado por este tribunal. Solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría exigir responsabilidades por crímenes de guerra, pero en su seno Rusia tiene derecho a veto. China, Estados Unidos e Israel tampoco están sujetos a la jurisdicción de La Haya. En un comunicado aparte del Ministerio de Exteriores ruso se afirma que «lamentablemente, el TPI no ha justificado las esperanzas puestas en él y no ha llegado a ser un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio». Un portavoz del Kremlin, insistió en que la medida no tiene nada que ver con las declaraciones hechas por la fiscal del TPI, Fatou Bensouda, en cuanto a que la anexión de Crimea y la ayuda militar de Moscú a los separatistas del este de Ucrania «podría considerarse un acto de guerra y de ocupación».
Georgia y Yukos
Otro choque entre Moscú y el CPI se produjo el pasado enero, cuando el Ministerio de Exteriores ruso denunció su «parcialidad» por iniciar una investigación por posibles crímenes de guerra durante la guerra relámpago contra Georgia, en agosto de 2008. También el Tribunal de Arbitraje de La Haya condenó a Rusia en julio de 2014 a pagar 50.000 millones de dólares (46.770 millones de euros) a los propietarios de la petrolera Yukos por su desmantelamiento.
En diciembre del año pasado, Putin promulgó una ley para permitir a su país incumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si contradicen la Constitución rusa.