El plebiscito de Colombia, ni sí ni no sino todo lo contrario

Julio Á. Fariñas A CORUÑA

INTERNACIONAL

EFRAÍN HERRERA | EFE

Contra todo pronóstico, el plebiscito celebrado en Colombia para refrendar el acuerdo alcanzado en La Habana entre el gobierno de Santos y las Farc de Timochenko no lo refrendó. Una ligerísima mayoría del 0,4 % del 37,5 % de los colombianos que pasaron por las urnas dijo NO, pero no a la paz, sino a un acuerdo que se condensa en 300 folios de los que se hacen lecturas distintas según el color de las gafas que se usen.

09 oct 2016 . Actualizado a las 10:25 h.

¿Quién gana y quién pierde con los resultados de este plebiscito? De entrada, el principal damnificado es el político, periodista y economista Juan Manuel Santos Calderón, que concluirá dentro de dos años su segundo y último mandato presidencial, aspiraba a pasar a la historia como el político que cerró un conflicto que duró más de 50 años y se cobró ocho millones de víctimas. Le faltó poco pero, de momento, no lo ha logrado. Al menos lo ha intentado y lo va a seguir intentando. Sus esfuerzos se los acaba de reconocer el Comité Noruego con el Premio Nobel de la Paz.

El gran ganador es el ex presidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez que lideró una campaña por el no en la que según él exsenador Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la misma se gastaron 1.300 millones de dólares aportados por 30 personas y otras tantas empresas. Le asestó un duro golpe a su ex ministro de Defensa, pero a costa de hacer zozobrar el futuro de un país harto de guerras civiles.

Tras la conmoción nacional e internacional por el resultado y los ríos de tinta que ha hecho correr a lo largo de toda la semana, si algo parece estar claro es que no ha sido un no a la paz, sino a partes de un acuerdo que tampoco suscribían muchos de los que votaron sí, pero que lo consideran el mal menor, haciendo bueno el dicho popular de que siempre es preferible un mal acuerdo que un buen pleito. De hecho en las redes sociales se pueden leer testimonios de personas que confiesan haber votado por el sí pero se alegran de que haya ganado el no.

¿Por qué no?

¿Por qué ganó el no? Existen versiones para todos los gustos. Lo que sí parece difícilmente discutible es que el 18,75 % del censo de electores colombianos que acudió a las urnas y votó no ?la abstención fue del 62.5 %- no lo hizo después de una análisis exhaustivo del contenido de los 300 folios del acuerdo de La Habana. Paradójicamente no fue en el medio rural, el más castigado por las actividades y atrocidades de las Farc donde más votaron a favor del no, sino en las ciudades y núcleos urbanos.

El resultado, según distintos analistas, pudiera tener más que ver con el exceso de pragmatismo del presidente Santos en un momento en que sus índices de popularidad están bajo mínimos por otras cuestiones que nada tienen que ver con este tema y con los excesos en la parafernalia de la puesta en escena del acuerdo alcanzado en la Habana y firmado en Cartagena de Indias. La campaña del no, en la que según reconoció su gerente, participaron asesores extranjeros, estuvo marcada por una estrategia basada fundamentalmente en la indignación ?«estábamos buscando que la gente saliera a votar berraca (furiosa)», explicó Vélez Uribe-, todo apunta a que fue determinante para conseguir esos 50.000 votos de ventaja sobre el sí.

 Los sapos

Quienes se han tomado la molestia de leer y analizar con atención, sin gafas de colores los 300 folios del acuerdo de La Habana señalan que en los mismos hay sapos difíciles de digerir y que nada tiene de extraño que haya estómagos que no los soporten.

Se citan como los más gordos los siguientes: 1) Que los máximos responsables de delitos atroces no van a la cárcel. 2) Que pueden participar en política y ser elegidos por voto popular. 3) Que el narcotráfico sea considerado delito conexo. 4) Que las Farc ocultan su fortuna y no repararán a las víctimas. 5) Que el ordenamiento jurídico ha sido reemplazado por uno nuevo por fuera de la Constitución para satisfacer a las Farc.

En los tema de la impunidad y del perdón al narcotráfico la información brilló por su ausencia. Solventes analistas recuerdan que en toda negociación de conflictos armados en el mundo la regla general ha sido la impunidad. No solo en Colombia sino en el mundo, cada vez que una guerra termina en una mesa de negociación ninguna de las partes va a la cárcel. Si existiera esa posibilidad, los insurgentes no aceptarían participar en ese proceso. Entre otros motivos, porque prácticamente los únicos que acabarían tras las rejas son los propios negociadores, porque el grueso de la tropa suele ser amnistiado.

Procesos de paz anteriores como los del M-19, el ELN, el EPL, el MAQL e incluso la desmovilización de los paramiitares (AUC) en el mandato de Uribe han terminado sin que uno solo de los guerrilleros terminara en prisión.

 No hay impunidad

La novedad respecto a la impunidad es que el Estatuto de Roma obliga a los países adherentes a no amnistiar o indultar delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o delitos atroces. Por eso las Farc, que se sentaron en la mesa de La Habana esperando una amnistía e indulto total, tuvieron que aceptar la justicia transicional. Las sanciones de esta, obviamente, no son proporcionales a los delitos cometidos, pero no constituyen impunidad de acuerdo con los parámetros de la Corte Penal Internacional. El acuerdo de La Habana es el primero de la historia de Colombia en que hay algún tipo de sanción para los actores del conflicto.

El segundo sapo es el tratamiento que se le ha dado al narcotráfico como delito conexo. Este se basa en la teoría de que los guerrilleros no son narcotraficantes, sino insurgentes que traficaron para financiar su lucha ideológica para derrocar el régimen político. De ahí que sus nexos con el negocio sean considerados un delito político. Esa interpretación puede ser o no válida, pero no es la única razón por la cual el narcotráfico será juzgado como delito conexo. Si no fuera así, los negociadores de Cuba y el resto del secretariado, en su condición de máximos responsables, tendrían que ser juzgados como capos del narcotráfico. Bajo esa premisa Timochenko, Iván Márquez, Catatumbo, Santrich y el resto tendrían que estar sujetos al mismo tratamiento judicial de Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela y el clan Ochoa, etcétera. Eso implicaría no solo 20 años o más de cárcel sino extradición obligatoria, una pena que se le puede imponer a un delincuente cuando se le captura, pero no cuando se le invita a negociar el fin de un conflicto. Es iluso pensar que esos puntos, inamovibles para las Farc, puedan ser renegociados tras el triunfo del no.

Otra cosa son las críticas a la no reparación económica de las víctimas, la rebaja que se le ha hecho a la Constitución y la elegibilidad política de los condenados por delitos atroces. Es obvio que la guerrilla tiene dinero escondido. Según un reciente informe de Jeremy McDermont codirector del portal digital insightcrime.org, las Farc han venido ingresando un promedio de 500 millones de dólares al año, fundamentalmente con el narcotráfico, la minería ilegal, las talas de madera y la extorsión. Como nadie sabe dónde está, es muy poco lo que pudieron hacer al respecto los negociadores. Lo único que lograron sacarle fue el compromiso de participar en la reparación de las víctimas, pero sin mencionar el elemento económico. La víspera del plebiscito anunciaron desde La Habana que procederán a la reparación material de las víctimas y declararán ante el Gobierno los «recursos monetarios y no monetarios» que poseen, con el propósito de cumplir lo pactado en el acuerdo final que firmaron las partes el 26 de septiembre en Cartagena.

El recurso que le queda al gobierno es que en los procesos que enfrentarán los jefes de las Farc se les preguntará por esos dineros y ellos tendrán que contestar. Si posteriormente se demuestra que mintieron, perderían los beneficios de la justicia transicional y pasarían a una cárcel de verdad.

El otro sapo es la cantidad de reformas extraconstitucionales o supraconstitucionales para crear una normativa jurídica transicional a la cual se someterán los actores del conflicto. La justificación de ese sistema alternativo es que la guerrilla más antigua del continente no iba a aceptar someterse a la justicia del establecimiento que ha combatido durante medio siglo. La cuestión es si las modificaciones hechas fueron excesivas o no.

 Cárcel y poltrona

El último sapo es el más gordo y el más difícil de tragar. Se trata de la elegibilidad política de los condenados por delitos de lesa humanidad. El problema está en que se acordó una simultaneidad entre el cumplimiento de las condenas y la participación en política. No hay discusión sobre el hecho de que los guerrilleros tengan derecho a hacer política, pues cambiar las balas por los votos es la esencia de todo proceso de paz.

También se entendería que entre las concesiones esté que puedan recuperar sus derechos políticos después de haber cumplido sus condenas. Pero lo que es difícil entender es que una persona condenada por un delito atroz a una pena de cinco a ocho años de restricción de la libertad pueda ser candidato a una Alcaldía, a una Gobernación o una corporación pública mientras paga su pena. En esto los negociadores de las Farc lograron imponer su punto de vista con el argumento de que si el elemento más importante es que si van a hacer la transición a un partido político, es imposible hacer política sin jefes. Si ahora, tras el no, Timochenko y compañía renuncian a simultanear la cárcel y la poltrona política, los 50.000 votos que le dieron la mayoría al no habrán servido para algo positivo y Colombia puede entrar definitivamente en el siglo XXI.