El 59,4 % votó no a aumentar las pensiones de los jubilados
26 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Los electores suizos volvieron un domingo más a las urnas para decidir en referendo parte de la política de la Confederación Helvética. Ayer dieron luz verde, por clara mayoría, a aumentar los poderes del servicio secreto para incrementar la vigilancia a la población, al tiempo que rechazaron con un claro no la subida de las pensiones y un modelo económico más sostenible.
Según los resultados definitivos, dos tercios (65,5 %) de los electores aceptaron la nueva ley de vigilancia, superando los resultados que vaticinaban los sondeos (53-58 %), con una tasa de participación de alrededor del 43 % (habitual en Suiza). A partir de ahora, los servicios secretos podrán pinchar teléfonos y verificar correos postales o electrónicos y colocar cámaras o micrófonos a sospechosos, siempre con una autorización previa doble de las autoridades judiciales y ejecutivas del país. Además, permitirá vigilar a una persona que regrese de países con activistas yihadistas, supuestos espías o grupos armados extranjeros.
La ley había sido aprobada por el Parlamento helvético en el 2015, pero una coalición integrada por el Partido Socialista, los Verdes y el Partido Pirata había conseguido las firmas para organizar un referendo con el fin de derogar una ley que consideraban hacia peligrar las libertades de los suizos. Durante la campaña, los opositores recordaron el «escándalo de las fichas» de 1989, cuando los suizos descubrieron con estupor que 900.000 de ellos estaban fichados por la policía según sus opiniones políticas, sindicales y otros datos
El sí a la nueva ley satisface los deseos del Gobierno, que considera que no es posible responder a las nuevas amenazas terroristas, porque los servicios secretos solo tenían derecho a recabar información de dominio público o si la conseguían a través de otras autoridades. El vicepresidente del Partido Demócrata-Cristiano (PDC), Yannick Buttet, destacó que Suiza no «es un objetivo, pero puede ser una base logística o financiera de retaguardia para los terroristas».
Por contra, el 59,4 % de los electores rechazó un aumento de las pensiones, una medida que el Gobierno advirtió que supondría una carga financiera muy alta para las arcas públicas. La consulta se produjo por una iniciativa sindical que quería aumentar las retribuciones de los jubilados en un 10 %: unos 200 francos (184 euros). «Es una clara señal contra una medida no financiable», señaló el presidente de los empresarios Valentin Vogt, que consideró que ya es una «tarea hercúlea» mantener las pensiones en su nivel actual.
El otro no (con el 63 % de los votos) fue para el proyecto de «economía verde», una iniciativa defendida por los Verdes que pretendía reducir el consumo de recursos naturales del país a un máximo que fuera sostenible para proteger el medio ambiente.