México, la hipótesis de crimen de Estado se consolida dos años después de la masacre de los 43 estudiantes

Julio Á. Fariñas A CORUÑA

INTERNACIONAL

ALFREDO ESTRELLA | Afp

Que la desaparición y posterior matanza de los 43 alumnos de la escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa, perpetrada entre la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre del 2014, ha sido un crimen de Estado más en la sangrienta historia de la república mexicana, es la hipótesis más verosímil para la práctica totalidad de lo investigadores independientes

25 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Tal hipótesis, obviamente, es rechazada «categóricamente» por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en una entrevista con la emisora Radio Fórmula emitida el pasado jueves, en la que, además, afirmó que nunca se habían destinado tantos esfuerzos a una investigación en México «porque no tenemos nada que ocultar».

A pesar de que en la investigación oficial del caso de los estudiantes no se avanzó prácticamente nada en estos dos años, el propio Peña Nieto acaba de reconocer los servicios prestados por Tomás Zerón, responsable directo de la misma, nombrándolo secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad. Zerón también fue el responsable de dirigir los esfuerzos que llevaron a la segunda recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, en febrero del 2014.

Familiares de los estudiante afirman que Zerón enturbió las investigaciones al realizar una diligencia no registrada en el expediente en un sitio donde un día después se encontró una bolsa con restos de ceniza y con el único fragmento óseo identificado plenamente como de uno de los estudiantes.

«Cínico»

La respuesta de Peña Nieto fue calificada de «cínica» por la portavoz para las Américas de Amnistía Internacional (AI) porque «ilustra la insensata actitud que ha sostenido el Gobierno mexicano hacia los derechos humanos». Según el comunicado de AI, las autoridades mexicanas «han hecho todo lo que han podido» para obstruir la justicia y proteger su imagen, «desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada».

 Llueve sobre mojado

Un día antes del 25 de septiembre de 1914, el de los acontecimientos de Iguala, ya se contabilizaban en México 22.268 desaparecidos -5,9 por día durante el gobierno del presidente Felipe Calderón y 13,4 en lo que va del mandato de Peña Nieto- una escalofriante cifra que a casi nadie le llama la atención porque llueve sobre mojado. Desde hace años en el país azteca se asocia instintivamente a un mundo en el que los muertos y desaparecidos solo son números, siempre referidos a los malos y sus actividades delictivas, es decir, con la criminalidad organizada.

Pero la realidad es que las desapariciones en México no solo son obra de grupos criminales, también de militares y policías implicados en la guerra contra el narcotráfico que inició el Gobierno mexicano hace una década y que arroja el estremecedor saldo de 70.000 muertos y 20.000 desaparecidos según los datos oficiales y que alcanzan los 120.000 muertos y desaparecidos, según estimaciones independientes.

.Guerrero, paradigma de la violencia

El estado de Guerrero, en el que ocurrió la masacre de los estudiantes es todo un paradigma de la cruda realidad mexicana. En el 2013 concentraba los cinco municipios más violentos del país. Allí matar personas o desaparecerlas se ha vuelto una costumbre. Según relata Sergio González en su exhaustiva investigación periodística sobre Los 43 de Iguala, publicada hace ahora un año por Anagrama, «entre Iguala, Cocula y Taxco se ha ubicado un corredor de desapariciones de personas y fosas clandestinas que muestra que la barbarie dd Ayotzinapa está lejos de ser un hecho excepcional».

Precisa que en el 2010, en un respiradero de la mina La Concha, en Taxco, aparecieron 55 cuerpos. En mayo de ese mismo año un grupo de militares detuvieron y desaparecieron a seis personas más. En mayo del 2013 fueron secuestradas 14 personas por hombres armados y se localizaron 33 osamentas enterradas. Dos meses después se llevaron por la fuerza a otras 17 personas. En el cementerio municipal de Iguala fueron enterradas 76 personas no identificadas y cuatro restos óseos entre el 2013 y el 2014, periodo que corresponde a la presidencia municipal de de José Luis Abarca, detenido el cuatro de noviembre del 2014, junto a su esposa, como presuntos autores intelectuales de la desaparición y muerte de los 43 estudiantes.

 La narco máquina

Lo ocurrido Iguala en septiembre del 2014 según Rogelio Marcial Váquez, Profesor e investigador del Departamento de Comunicación de Masas, de la Universidad de Guadalajara, evidencia una «fuerte crisis de legitimación del Estado mexicano tanto por la incapacidad y falta de voluntad política del gobierno para brindar seguridad a los ciudadanos como por demostrarnos a los mexicanos y a la comunidad internacional que en este país opera la narco máquina, como sustento del estado mexicano, que es esa articulación terrible entre los poderes políticos, económicos y delincuenciales».

Sostiene el profesor Marcial Vázquez en denso artículo publicado en el número seis de la revista digital Des¡dades que uno de los logros de esa narco máquina es que ya no cabe hablar de funcionarios corruptos, a sueldo del crimen organizado, como admite el discurso oficial, porque «son uno solo: funcionarios y criminales pertenecen a las mismas familias, conviven en fiestas, desayunan y cenan juntos, se suceden en los puestos de gobierno».

Lo que relata la serie televisiva El señor de los cielos, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia.