La fiscalía quiere sentar a Sarkozy en el banquillo por financiación irregular
INTERNACIONAL
La petición llega dos meses antes de que comiencen las primarias de la derecha
06 sep 2016 . Actualizado a las 07:24 h.Jarro de agua fría sobre los planes de reelección de Nicolás Sarkozy. La fiscalía de París ha solicitado llevarlo a juicio por su papel en el escándalo Bygmalion. El expresidente, al igual que otros trece altos cargos del partido UMP (hoy bajo el nombre de Los Republicanos), está acusado de falsificar facturas durante su campaña presidencial del 2012 para ocultar importantes gastos por encima de los declarados. La acusación llega dos meses antes de las elecciones primarias que podrían situarle de nuevo como candidato al Elíseo.
Desde 2014, el objetivo de la investigación es determinar si Sarkozy estaba o no al corriente de las finanzas ilegales del partido. De acuerdo con la ley electoral francesa, si los gastos de un candidato presente en la segunda vuelta superan los 22,5 millones de euros, parte de estos no serán reembolsados por el Estado. La UMP habría maquillado su contabilidad a través de la agencia Bygmalion para evitar la penalización, llegando a borrar el rastro de hasta 18,5 millones de euros, según los investigadores.
A pesar de que siempre ha insistido en que desconocía que el gasto había cruzado la línea roja, la fiscalía considera que «sus eminentes responsabilidades políticas no podrían haber anulado las del candidato que era y no le autorizarían a abstenerse de seguir eficazmente la evolución de sus gastos». La investigación recalca que se encontraba en «conocimiento de causa, puesto que sabía desde mediados de marzo que el techo de gasto había sido superado». La fiscalía se refiere a la nota del 7 de marzo de 2012. Uno de los expertos contables, Pierre Godet, advirtió a través de un escrito al director de la campaña, Guillaume Lambert, que el fondo de gastos se iba a rebasar. Lambert declaró ante los magistrados haber hecho llegar la nota a Sarkozy. Este último lo negó en un principio, antes de reconocer más tarde que era «plausible».
La acusación se une a la decena de asuntos judiciales en los que Sarkozy se ha visto implicado, a pesar de que nunca ha sido condenado. Actualmente, el candidato se arriesga de ser juzgado en dos casos: el Bygmalion y el de las escuchas, aunque es muy poco probable que un juicio tenga lugar antes de las elecciones primarias. Le Monde teoriza que podría tener lugar en mayo de 2017.
«En virtud de una regla no escrita, dado que se trata de un asunto de connotaciones políticas, los magistrados cumplen generalmente una tregua hasta el vencimiento de las elecciones». Por lo tanto, si Sarkozy fuese elegido presidente, se beneficiaría de la inmunidad inherente a la función, que le protegería de un eventual proceso durante su mandato. Por el momento, los sondeos aún lo sitúan por debajo de Alain Juppé en las primarias. La acusación no le hará ningún favor a su campaña.
Según Colpisa, los sarkozystas esgrimieron la coincidencia de la filtración del documento fiscal, fechado el 30 de agosto, con la reanudación ayer en París del juicio por blanqueo contra el exministro socialista Jérôme Cahuzac, el mayor escándalo de corrupción en la era Hollande, y que le costó el cargo tras negar que tenía una cuenta bancaria secreta en Suiza desde 1992. Cahuzac aseguró que el dinero procedía de sobornos a laboratorios farmacéuticos y estaba destinado a financiar la actividad política del ex primer ministro socialista Michel Rocard, fallecido el pasado 2 de julio.
Calais pierde la paciencia con La Jungla
Comerciantes, agricultores y transportistas, de Calais bloquearon ayer numerosas vías de transporte en las inmediaciones de la ciudad en protesta por la demora en el desmantelamiento del campamento de inmigrantes conocido como La Jungla. Los manifestantes denuncian la creciente peligrosidad de los intentos de llegar a Reino Unido por parte de los refugiados. Media centena de tractores se unieron a un convoy de aproximadamente 40 camiones para realizar una «marcha lenta» por la autopista A6 a la vez que varios cientos de personas formaron una cadena humana para bloquear el acceso a las terminales del ferri y al Eurotúnel.
Los norteños acusan a los inmigrantes de La Jungla, donde viven entre 6.900 personas, según la prefectura, y 9.000, según las asociaciones, de frenar el desarrollo económico de la región, una de las más empobrecidas de Francia. A pesar de la visita del ministro del Interior Bernard Cazeneuve del pasado viernes y el anuncio del inminente desmantelamiento del campo «lo antes posible», Calais ha perdido la paciencia.
Para Eric Fiolet, transportista local y uno de los organizadores de la manifestación, el tiempo para negociar se ha terminado. «Queremos acciones, no promesas que pueden mantenerse o no. No quiero que otra industria u otro trabajador sea atacado de la manera en la que lo estamos siendo cada noche», dijo refiriéndose a las barricadas que algunos refugiados sitúan en la autopista, en un intento de frenar los camiones para acceder a Reino Unido. «Nuestra gente se arriesga a ser agredida o a que sus camiones, que son su vida, sean destruidos».
«No somos racistas y no apoyamos al Frente Nacional», añadió Jean-Pierre Clipet, de la Federación departamental de sindicatos de explotaciones agrícolas. «Entendemos que hay una cuestión humanitaria aquí y que hay gente en la miseria, pero nosotros estamos viviendo en la incivilidad y en un creciente sentimiento de inseguridad».