El líder opositor afronta un incierto juicio de apelación
23 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Cerradas a cal y canto. Así encontraron el exministro español de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y el abogado Javier Cremades las puertas del Palacio de Justicia, donde ayer se inició, luego de dos aplazamientos, la audiencia de apelación de la condena a casi 14 años de cárcel impuesta al dirigente opositor venezolano Leopoldo López.
Ruiz Gallardón y Cremades se sumaron a la defensa del exalcalde y exprecandidato presidencial semanas atrás. Sin embargo, las decenas de efectivos de la Guardia Nacional (policía militarizada) que fueron enviados a resguardar la sede judicial les impidieron el ingreso.
«Estamos frente a un proceso que ha vulnerado todos los principios de un Estado de Derecho. No ha habido ninguna tutela judicial efectiva, ni se han seguido los procedimientos que establece la ley, ni siquiera ha tenido el derecho a un juicio imparcial», afirmaron los defensores antes de agregar: «Tenemos la convicción de que el encarcelamiento de Leopoldo López no es consecuencia de un procedimiento judicial sino a un procedimiento político creado para perseguir a quien piensa distinto. Tanto así que se negocia su liberación dentro de un diálogo político, pero la libertad de un hombre injustamente encarcelado en una prisión militar no puede ser moneda de cambio, sino un requisito esencial para cualquier diálogo».
Cremades afirmó que Venezuela «tiene una deuda con el mundo, un compromiso que no podrá pagar hasta que se respeten los derechos no solo de Leopoldo López, sino de todos los venezolanos. El día de hoy hemos sido testigos de la arbitrariedad del régimen venezolano, que tal como trata a Leopoldo como un juguete moviéndolo de un lado a otro, obstaculiza de toda manera posible su defensa».
Pero los juristas españoles no fueron los únicos que no pudieron seguir el acto, pues tampoco a los diplomáticos, dirigentes políticos ni los periodistas se les permitió ingresar al recinto judicial. Y ello a pesar de que desde el tribunal habían asegurado que cualquier persona interesa en presenciar el acto podría hacerlo, sin más limitación que la del espacio físico.
La falta de publicidad del juicio es uno de los argumentos que los abogados del opositor han esgrimido para demandar la nulidad del mismo. «No darle acceso a la sala a una audiencia que es pública a todas las partes me parece una tontería, termina siendo más noticia el impedimento que el acceso», afirmó Ramos Allup.
Las denuncias que la lingüista Rosa Amelia Asuaje, cuyo análisis de los discursos de López fue la pieza central de acusación fiscal; y del exfiscal Franklin Nieves, quien desde Estados Unidos admitió que el juicio fue forzado por órdenes del Gobierno, serán otros de los argumentos que los representantes de López esgrimirán para pedir su liberación.
La defensa calculó que la apelación podría prolongarse por al menos dos días, pues cada parte tendrá 40 minutos para exponer sus alegatos. Posteriormente está previsto un lapso de 10 minutos de réplicas y además está previsto que los condenados tomen la palabra. Leopoldo López ya anunciado que hablará.