Farage da la espantada antes de que se vean los efectos más graves del «brexit»

Su retirada, tras la de Johnson, elimina del primer plano a los artífices de la salida


Londres / E. La Voz

Dicen que a la tercera va la vencida, pero conociendo al líder del euroescéptico partido UKIP, Nigel Farage, hay dudas de que no vaya a regresar. Ayer dimitió por tercera vez en su ya larga trayectoria, tal y como ocurrió antes en 2009 y 2015. Pero fue quizás la renuncia más inesperada de todas. Según la prensa británica, podría deberse a un intento de ayudar a la euroescéptica Andrea Leadsom en la carrera sucesoria de David Cameron. «Que gane el mejor hombre o la mejor mujer», dijo Farage, un antiguo conservador, en la rueda de prensa en la que anunció su renuncia, no sin subrayar antes que Reino Unido necesita un primer ministro que haya apostado por el brexit: el ataque a la ministra de Interior, Theresa May, cuyo triunfo retrasaría la salida de la Unión Europea, no pudo ser más claro.

El eurófobo dice irse con los deberes cumplidos tras conseguir que Reino Unido saliese de la Unión Europea, y es cierto. Lo deja en un momento de gloria, antes de que la ruptura con Europa traiga mayor caos político e inestabilidad económica al Reino Unido y antes de que empiece a hacerse visible que su partido ha perdido su razón de ser una vez conseguido el brexit. No obstante, la espantada deja una curiosa paradoja pues, tras la que protagonizó el ex alcalde de Londres, Boris Johnson, sitúa a los dos principales ganadores del plebiscito fuera del primer plano. Los que han encendido la mecha se quitaron del medio.

Curiosamente, la retirada de Farage al frente del UKIP no supone renuncia al escaño de que disfruta en el Parlamento europeo, que piensa seguir ocupando hasta que se consume la separación del Reino Unido y la UE. Tampoco supone abdicar de su ascendiente sobre el partido populista. Farage tiene claro que el «mayor potencial» del UKIP pasa ahora por atraer a votantes laboristas poco contentos con la política migratoria de su formación. Previamente, se había centrado en los votantes conservadores, que pedían un giro a la derecha y no querían seguir en la UE.

Uno de los primeros en defender el papel de Farage en la victoria del brexit fue Neil Hamilton, líder del UKIP en la Asamblea de Gales, pero no ocurrió lo mismo con el único diputado de su formación en el Parlamento británico, Douglas Carswell, con quien Farage no tiene buenas migas desde hace meses. La más dura con su trabajo fue la diputada de los Verdes, Caroline Lucas, para quien Farage siempre será recordado por utilizar el sufrimiento de los refugiados para obtener beneficios políticos, así como por dejar un Reino Unido dividido y una clase dirigente más fuerte.

Mientras tanto, el partido conservador elimina hoy a uno de sus cinco candidatos para hacerse con el liderazgo. Al mismo tiempo, se confirma que la ministra del Interior, Theresa May, se sitúa como principal favorita para alzarse con la victoria al contar con el apoyo de un tercio de sus diputados. May tendría unos 105 apoyos del total de 330 legisladores tories. Entre sus aliados se cuentan importantes figuras como el ministro de Exteriores, Philipp Hammond, y el responsable de Defensa, Michael Fallon. Precisamente, este último cree que no tienen sentido las voces que piden que el próximo primer ministro sea un partidario del brexit, pues ahora todos lo son.

La líder de los conservadores escoceses, Ruth Davidson, abrió ayer un nuevo frente en el partido al declarar que el Gobierno británico no puede negarse a celebrar un segundo referendo independentista, ya que con la victoria del brexit, las circunstancias han cambiado.

Inmigrantes y residentes en la UE, parte de la negociación

La incertidumbre que el brexit arroja sobre el futuro de los ciudadanos de la Unión Europea residentes en Reino Unido se ilustra con el caso de un joven profesional español que había planeado cambiar de empresa las próximas semanas. Ya no puede, porque el gerente de la firma que le había ofrecido un contrato mejor se ha echado atrás. No está seguro del estatus que el trabajador español tendrá en el futuro.

El Consulado de Madrid en Londres no da abasto para responder a consultas de residentes en territorio británico aunque la embajada emitió un comunicado nada más conocerse el resultado del referendo, intentando tranquilizarlos. El embajador británico en España, Simon Manley, ha publicado una carta en la que explica la situación. Nada ha cambiado para los británicos residentes en suelo español o los españoles que viven en Reino Unido.

Es la posición de los gobiernos, expresada por David Cameron con una matización. No habrá cambios «inmediatos». Pero Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, ha remitido una carta al primer ministro británico en funciones y a los cinco candidatos al liderazgo conservador exigiéndoles que garanticen la continuidad de los derechos de 173.000 ciudadanos de la UE en territorio escocés.

Theresa May, a la que se presenta como favorita para ocupar la jefatura del Gobierno y que es ministra de Interior en el Ejecutivo en funciones, responsable por tanto de la inmigración, respondió así a la petición de Sturgeon: «La posición es en este momento la que era. No hay cambios, pero es un factor de la negociación» con la UE, dijo ayer.

«Moneda de cambio»

Andrea Leadsom, la candidata conservadora que despierta más simpatía en el partido UKIP, se desmarcó de la posición de Cameron y May. Afirmó que los residentes en otros países de la UE «no pueden ser moneda de cambio» y que Reino Unido debe garantizar sus derechos.

Jonathan Portes, especialista en inmigración, ha analizado en qué podría materializarse ese acceso menor al mercado común con mayor control de la inmigración. Solo podría hacerse, en un país sin registro nacional de población y que no parece inclinado a exigir visados a los ciudadanos de la UE que lleguen a Reino Unido, por la vía de las inscripciones en la Seguridad Social, afirma. Aquellos europeos ya inscritos no sufrirían restricción alguna.

Westminster se resiste a ser marginado por el Gobierno

Una firma de abogados de Londres, Mishcon de Reya, ha advertido al Gobierno de que acudirá a los tribunales, en nombre de clientes todavía no identificados, si insiste en que el primer ministro tiene autoridad legal para iniciar la negociación del brexit con la Unión Europea sin la aprobación previa del Parlamento. Esa ha sido la posición de David Cameron hasta ahora y la preferida por los ganadores del referendo.

La firma ha contratado a dos abogados prominentes, David Pannick y Tom Hickman, pero no ha desvelado quiénes son sus clientes, que el Financial Times describe como un grupo de empresas.

Ambos letrados han publicado artículos sobre las cuestiones legales del «out». En el que Pannick, miembro de la Cámara de los Lores, publicó en The Times describe la paradoja política de la situación. La campaña por la marcha de la UE, escribe, «puso el énfasis en la necesidad de restaurar la soberanía del Parlamento británico y, sin embargo, una Cámara de los Comunes democráticamente elegida, cuyos miembros creen por amplia mayoría que retirarse de la UE será un desastre, está manteniendo en ejercicio a un Gobierno que va a dar pasos irrevocables para la retirada».

Hickman es un profesor de Derecho Público y abogado en ejercicio y su argumento, compartido por algunos de sus colegas, es que la notificación por el primer ministro británico de la decisión de apartarse de la UE, tal como estipula el artículo 50 del Tratado de la Unión, no contiene de manera explícita la posibilidad de retirar esa decisión por el avance o retroceso de la negociación.

Los miembros del Gobierno han defendido que es poder del primer ministro el iniciar una negociación con otros miembros de la UE a partir de la prerrogativa real, poderes exclusivos del monarca desde tiempos medievales y que ejerce el Gobierno, aunque no han sido codificados en ninguna ley. Incluyen de manera pública y frecuente el de negociar o acordar tratados internacionales.

Pannick y Hickman creen que la activación irrevocable del artículo 50 constituye ya una derogación de la ley de las Comunidades Europeas de 1972, que reguló obligaciones y derechos en la implementación de tratados y leyes de la entonces CEE en el momento del acceso y que está vigente como pilar de la incorporación de normas europeas en la legislación británica. Los dos abogados se amparan en sentencias anteriores del Tribunal Supremo para afirmar que el primer ministro o el Gobierno no tienen poder de cancelar leyes sin autorización del Parlamento.

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