Con tres meses de retraso, el Gobierno de Colombia y las FARC oficializaban en La Habana un acuerdo de alto al fuego bilateral y definitivo, paso previo e imprescindible para el acuerdo de paz, cuya firma está prevista para dentro de un mes
26 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El documento elaborado por los negociadores del gobierno y de la guerrilla y los representantes de los países garantes y acompañantes, que llevan reunidos oficialmente en La Habana desde el 2012 y en secreto desde el 2010, puso en la foto a un Raúl Castro, presidente de Cuba como anfitrión, a su homólogo colombiano, un pragmático, Juan Manuel Santos, ávido de resultados para remontar en unas encuestas que le dan una popularidad del 20 % y el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverría, Timochenko.
El acuerdo contempla el cese definitivo de las hostilidades de forma bilateral -un gesto que la guerrilla hizo de forma unilateral en seis ocasiones desde el comienzo de las negaciones, la última en julio del pasado año-, la entrega de las armas por parte de la guerrilla a la comisión internacional de verificación, como paso previo a su reintegración a la vida civil en un plazo máximo de 180 días, contados a partir de la firma del acuerdo definitivo. Todo ello acompañado de un plan de seguridad para proteger a las personas que dejen las armas, previo agrupamiento de las mismas en 22 zonas transitorias y ocho campamentos y del visto bueno de las FARC a que el acuerdo sea objeto de un plebiscito, como pretendía el Gobierno.
«Falta pelo pal'moño»
Lo firmado el jueves no es más que lo referente al punto tercero -el más conflictivo- de una hoja de ruta con siete apartados específicos que se prevé que concluya con la firma del acuerdo definitivo de paz prevista para el próximo día 20. Un acuerdo que en realidad no será más que el principio del fin o el fin del principio del camino hacia la paz. Esto es algo que reconocen de forma más o menos explícita todas las partes implicadas en un proceso que pretende poner fin a un conflicto con más de medio siglo de historia, con un saldo de 8 millones de víctimas, 220.000 de ellas mortales y, casi otras tantas, desaparecidas. El propio Timochenko declaró estos días que «aunque avanzamos, aún falta pelo pal' moño».
El mayor desafío al que se enfrenta el postconflicto colombiano, según advierten los analistas más solventes, es cómo desvincular a unos 8.000 combatientes que se pretende desmovilizar y más de otros tantos milicianos directamente vinculados con ellos, muchos ya de tercera generación, de las jugosas economías criminales que manejan desde hace años: droga, minería ilegal, las talas de madera y la extorsión.
Según un reciente y documentado análisis de Jeremy McDermont, codirector del portal digital insightcrime.org, las FARC obtienen más de 500 millones de dólares al año de estas actividades ilícitas. Otros analistas cifran en unos 11.700 millones de dólares el patrimonio acumulado por esta organización terrorista en sus 50 años de historia y que tendrían a buen recaudo en distintos países.
Las FARC están presentes, de una u otra manera, en 200 de los 1.100 municipios de Colombia. Son la fuerza dominante en aquellos donde se concentra la producción de coca, con lo que controlan cerca del 70% de los cultivos de la materia prima básica para la elaboración de la cocaína que comercializan los cárteles mexicanos y venezolanos, así como la propia organización guerrillera.
Según el aludido informe de Jeremy McDermont, las ganancias de las FARC con la cocaína no bajan de los 200 millones anuales. A esto le suma las ganancias del cultivo de la amapola para elaborar heroína con una pureza del 90% -el doble de la que consiguen en México-, y que se cotiza a más de 100.000 dólares el kilo en el mercado estadounidense. Tampoco son desdeñables los beneficios que obtienen con el cultivo de marihuana de alta calidad en el departamento del Cauca, conocida como creepy y con la producción de drogas sintéticas en el departamento del Putumayo al sur del país, donde ya le descubrieron un laboratorio.
Los retos
El gran reto de la nueva etapa será lograr que los rebeldes abandonen estas actividades criminales y que no pasen a ser parte de la criminalidad organizada. Los expertos vislumbran cuatro riesgos fundamentales: algunos elementos de las FARC pueden optar por seguir en la lucha armada, otros pueden optar por reconvertirse en bandas criminales como hicieron muchos paramilitares tras el acuerdo alcanzado con el gobierno del ex presidente Uribe, otros por integrarse en el ELN, la otra guerrilla que sigue operativa Pero el principal riesgo sería que se asocien con grupos extranjeros, mexicanos y venezolanos, sobre todo, que necesitan de la coca colombiana para abastecer sus mercados.El incremento de la producción de coca en Colombia que se registró en estos tres últimos años, coincidiendo con el comienzo oficial de las negociaciones en la Habana no sería casual, según los expertos.
Que esos riesgos potenciales se hagan o no realidad va a depender, en buena medida, de la capacidad de los líderes de las FARC y sus comandantes para convencer a sus mandos medios y combatientes para que sean parte de un movimiento político que opere en el marco de la legalidad. También va a depender mucho de la capacidad del estado colombiano para contener, durante los primeros doce meses después de firmado el acuerdo, las economías criminales y de garantizar la vida de los guerrilleros desmovilizados para que la mayoría se conviertan en miembros del movimiento político y no sucumban a la tentación de integrarse en la criminalidad organizada. Son retos arriesgados y caros. Un estudio realizado por el ex guerrillero del M19 y actual senador colombiano, Antonio Navarro Wolff, apunta que solo en 172 municipios el posconflicto costará en el primer año seis billones de pesos al erario publico colombiano, Un erario que no está precisamente boyante en el momento actual.