La UE retirará fondos a los países que no frenen a los refugiados

Cristina Porteiro
cristina porteiro BRUSELAS / CORRESPONSAL

INTERNACIONAL

ROLF VENNENBERND | EFE

Bruselas facilitará la llegada de inmigrantes altamente cualificados

08 jun 2016 . Actualizado a las 07:17 h.

Salvar vidas y luchar contra los traficantes de personas. Son las dos prioridades que Bruselas asegura perseguir. La letra pequeña de sus propuestas indica otra cosa. La Unión Europea está desesperada por frenar los flujos que han virado desde el Mar Egeo al Mediterráneo Central. La Comisión Europea presentó ayer una nueva estrategia para evitar más llegadas de refugiados a Europa por esa vía, argumentando que muchos son económicos, y no políticos. La novedad es que, en esta ocasión, el equipo de Jean Claude Juncker va más allá de las palabras de buena voluntad y ha decidido tomar la ayuda al desarrollo como rehén para que los terceros países de donde proceden los migrantes colaboren para frenar los flujos y readmitan a sus nacionales una vez que sean identificados en Europa. 

Bruselas apuesta por un sistema de incentivo-castigo. Países del Sahel, Norte y Cuerno de África, Jordania, Líbano y Túnez se podrán beneficiar de un fondo de 8.000 millones de euros en los próximos cuatro años si cumplen sus promesas. «Sin resultados concretos de nuestros socios, deberíamos estar listos para adaptar nuestro compromiso y ayuda financiera», advirtió ayer el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans. La fefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, habló de un «incremento» de los fondos para quien contenga tras sus puertas a los migrantes, pero lo cierto es que la UE lleva años reduciendo la ayuda al desarrollo. El nuevo sobre es una gota de agua en el desierto africano y un parche para países como Líbano, donde el 25% de la población son refugiados sirios. 

A largo plazo también se pondrá en marcha un Plan Juncker para países en desarrollo. Con pocos fondos y mucha fe, Bruselas espera que 3.100 millones de euros en garantías europeas sean capaces de atraer hasta 31.000 millones del sector privado para invertir en los países con los que se firmen acuerdos de readmisión. La ecuación no acaba ahí. Esa suma tiene un efecto multiplicador en la economía real que permitiría impulsar el valor de la inversión a los 62.000 millones. Si es que el dinero no se queda por el camino. 

Tarjeta azul

La urgencia inmediata es articular un sistema ágil de llegadas regulares y expulsiones express. «Solo el 40% de las deportaciones en la UE se efectúan», aseguran fuentes comunitarias. Bruselas también puso ayer sobre la mesa una reforma de la «tarjeta azul» para facilitar la llegada de inmigrantes altamente cualificados. El sistema fue un fiasco hasta el momento. La Comisión propone unificar los 28 regímenes diferentes, reducir la burocracia, acelerar los trámites y ajustar los umbrales salariales del inmigrante al país de destino.

La Justicia europea se opone a encarcelar a migrantes irregulares

Los países de la Unión Europea no pueden encarcelar a los migrantes ilegales por haber ingresado al espacio Schengen sin la documentación correspondiente, estimó la Justicia europea en un fallo publicado ayer. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) estableció que la legislación comunitaria se opone a encarcelar a un migrante ilegal antes de que se inicie el procedimiento de expulsión del territorio de la UE.

Según AFP, el tribunal debía pronunciarse sobre el caso del «ingreso irregular» a Francia de una migrante ghanesa, Selina Affum, detenida por la policía en 2013 en la entrada del túnel del canal de la Mancha, dentro de un ómnibus procedente de Bélgica y sin documentos de identidad válidos. Selina fue puesta en detención preventiva «por entrada ilegal en territorio francés», cargo recogido por la legislación gala que la interesada impugnó.

En su decisión, el tribunal europeo sostiene que la detención conculcó la legislación europea en materia de expulsión de extranjeros irregulares. La llamada «directiva retorno», «se opone a toda normativa de un Estado miembro que castigue con pena de prisión la situación irregular», lo que estipula la legislación francesa. Esta misma directiva, añade el tribunal, «se opone a que un nacional de un país no perteneciente a la UE pueda ser encarcelado, antes de que se le aplique el procedimiento de retorno, por el mero hecho de haber entrado ilegalmente en el territorio de un Estado miembro».