El estado de excepción en Venezuela pondrá a los militares a distribuir alimentos

El decreto se extenderá durante 60 días prorrogables y mantiene la consulta a la Asamblea Nacional


caracas / corresponsal

El decreto del nuevo estado de emergencia económica anunciado por Nicolás Maduro no se prolongará hasta fin de año, como desearía, pero refuerza su poder discrecional durante los próximos dos meses. Su mandato permite al Estado comprar sin control del Parlamento, y a la Fuerza Armada vigilar la distribución de alimentos con la colaboración de los llamados consejos comunales, grupos sociales ligados al Gobierno. También impide a la Asamblea Nacional destituir a altos cargos mediante votos de censura.

Un borrador del decreto, al que tuvo acceso La Voz, justifica también las últimas acciones del Gobierno (cuestionadas como posibles violaciones de derechos humanos) contra la delincuencia organizada y suspende el derecho a portar armas. El decreto será presentado a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo para un período de 60 días, con lo cual, en principio, Maduro cuida las formas constitucionales. Se espera que el decreto sea publicado en breve.

El mandatario está sometido a una presión internacional creciente desde el viernes, cuando anunció el estado de excepción, por el temor de que le faculte para vulnerar los derechos humanos. Amnistía Internacional se considera que «el catálogo de abusos en el contexto de operativos de seguridad y orden público durante estados de excepción en Venezuela en el pasado sentaron un precedente alarmante». De similar tono son los pronunciamientos de expresidentes iberoamericanos de la Iniciativa Democrática de las Américas: «Se ha producido una ruptura del orden institucional».

La oposición venezolana teme que el estado de excepción sea un intento de retrasar los plazos para convocar el referendo revocatorio sobre Maduro. Según el presidente del Parlamento, Henry Ramos, la cúpula del PSUV ya habría aceptado realizar el referendo en febrero del próximo año, con lo que retendría el poder a través de un vicepresidente chavista.

Al justificar el nuevo estado de excepción, Maduro mezcló razones económicas con un presunto plan urdido desde Bogotá para invadir Venezuela y derrocar a su Gobierno, a partir de las declaraciones del expresidente colombiano Álvaro Uribe en las que instigaba a que «algún país proteja a la oposición venezolana con sus fuerzas armadas».

En medio de este clima de tensión internacional, Alberto Escalante, alcalde de Tibú, municipio fronterizo colombiano, denunció una supuesta incursión de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en su territorio, que dejó el saldo de una persona herida y un camión incendiado.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que se tomarán «acciones internacionales» en contra de Uribe.

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