Brasil y Venezuela, Dilma y Maduro, juntos pero no revueltos

Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, y Nicolás Maduro de Venezuela, llevan meses en la cuerda floja. Ambos están en guerra abierta con sus respectivas oposiciones políticas, pero por motivos bien distintos. En las dos repúblicas aparece la lacra de la corrupción que, con epicentro en sus respectivas petroleras estatales -PETROBRAS y PDVSA-, juega un papel clave. La gran diferencia radica en que mientras en Brasil existe un Poder Judicial fuerte e independiente que cumple su papel, el de Venezuela está al servicio exclusivo del régimen chavista y no hace el más mínimo esfuerzo por disimularlo.


A CORUÑA

La economista Dilma Vana da Silva Rousseff, de 68 años, hija de madre brasileña y padre búlgaro, en su etapa de estudiante luchó contra la dictadura militar y lo pagó con tres años de cárcel en los que fue víctima de torturas. Hace 13 años entró en el Gobierno de la  mano del líder sindicalista metalúrgico Lula da Silva, fundador del Partido de los Trabajadores (PT). En el 2010 resultó elegida presidenta y cuatro años más tarde -octubre del 2014-, reelegida a duras penas, en la segunda vuelta.

Pero esta misma semana se verá obligada a dejar la presidencia. Para el miércoles está convocado el pleno del Senado en el que, salvo sorpresas harto improbables, se ratificará el proceso político de impeachment (destitución) ya aprobado por la Cámara Baja.

En Caracas Nicolás Maduro, otro ex-sindicalista que amenazaba con ser el Lula venezolano, y hace tres años también heredó  la presidencia de Hugo Chávez, otro líder carismático que no procedía del sindicalismo sino de los cuarteles militares, se enfrenta desde hace una semana a un proceso relativamente similar: un referendo revocatorio, que es uno de los mecanismos previstos en la constitución venezolana para remover de su puesto a un cargo electo antes de que concluya su mandato. En este caso la última palabra la tienen los ciudadanos en las urnas, no los diputados y senadores.

Procesos diferentes

Los detonantes formales de ambos procesos son bien diferentes. En el caso de Brasil se acusa a Dilma de algo que suele ser práctica habitual en muchos sistemas parlamentarios: haber maquillado los presupuestos del año 2014 para disimular su déficit y así evitar que incidiese negativamente en su reelección. 

En el caso de Dilma la iniciativa parte de un parlamento en el que están representados 28 partidos políticos distintos, con intereses variopintos, en el que cerca del 60 % de sus parlamentarios están siendo investigados en procesos de corrupción. Ello no solo no impidió sino que incluso pudo haber sido determinante para que 367 de sus 500 miembros votasen a favor del Impeachment. No es casualidad que el principal promotor de este proceso fuese Eduardo Cunha, líder del PMDB (Partido do Movimento do Brasil) y ex presidente de la Cámara de Diputados que acaba de ser suspendido provisionalmente del cargo por el Tribunal Supremo, por dificultar la investigación del escándalo PETROBRAS presionando a congresistas. Cunha, que apoyó con los votos de sus diputados la reelección de Dilma, no le perdona a ella ni a Lula que no hayan hecho más por frenar la investigación por blanqueo que le acaba de costar el puesto de presidente de la Cámara Baja. Paradójicamente ha contado con la colaboración del vicepresidente Michel Temer, que previsiblemente ocupará la presidencia a partir del miércoles.

En el caso de Maduro, la iniciativa parte de un parlamento en el que la oposición que concurrió unida a las últimas elecciones, a pesar de contar con una mayoría cualificada de dos tercios en la Cámara, es ninguneada a diario por un Poder Ejecutivo que ignora sistemáticamente todas aquellas instituciones que no ha podido copar y utilizar a su antojo. 

Mucha corrupción

En Brasil un poder político lastrado por la corrupción está siendo depurado por un Poder Judicial fuerte e independiente que no se ha cortado un pelo a la hora de cumplir su función constitucional, ni siquiera al ordenar la detención del mismísimo Lula da Silva o de hombres poderosos como Marcelo Odebrecht, la cabeza visible de un grupo empresarial con 168.000 empleados en 28  países que acaba de ser condenado a 19 años de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal.

En Venezuela el Poder Judicial le rinde pleitesía al Ejecutivo, al igual que el Poder Electoral (CNE) que está haciendo todo lo imaginable y algo más, para neutralizar el referendo revocatorio, impidiendo que se llegue a celebrar o cuando menos, retrasándolo todo lo necesario para que no haya nuevas elecciones presidenciales.

Más allá de los avatares político-judiciales de Dilma y Maduro, Brasil y Venezuela tienen en común más de 2.000 kilómetros de frontera, las favelas y los ranchitos y, sobre todo,  un potencial de recursos naturales especialmente energéticos, pero también de otro tipo que, debidamente gestionados, les permitiría colocarse y mantenerse entre las primeras economías del mundo.

Brasil lo consiguió en buena medida con la gestión de Lula, al menos en la primera etapa de su mandato. En la actualidad atraviesa una profunda crisis política, social y también económica a la que a la corrupción que se generó entorno a la petrolera estatal PETROBRAS se le sumó la caída de precios de otras materias primas y el enfriamiento de la economía China,

En ese mismo periodo de tiempo la gestión del chavismo en Venezuela provocó efectos económicos devastadores a base de derrochar los cuantiosos ingresos derivados de los años de bonanza de los precios petroleros y de una alocada política de expropiaciones que se tradujeron en una progresiva destrucción de la economía productiva, hasta llegar al angustioso desabastecimiento actual.

Las perspectivas a corto y medio plazo de la catarsis brasileña no son preocupantes porque la crisis se está afrontando por la vía institucional. Que el panorama no es tan negro como pudiera parecer a simple vista lo acredita un dato: la inversión extranjera creció en 4.000 millones de dólares en el primer trimestre del año, a pesar de que la economía del país sufre la mayor recesión del último siglo.

No se puede decir lo mismo de Venezuela donde los que actualmente detentan el poder real se resisten a dar un solo paso en positivo para superar la actual crisis y donde la inversión extranjera decrece de un día para otro por falta de la más elemental seguridad física y jurídica. 

La única novedad positiva que se registró en el país en las últimas semanas fue la baja de El Picure, el líder de una organización criminal con una plantilla de más de medio millar de delincuentes. El difunto, José Antonio Tovar Colina, ex miembro de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada venezolana y ex escolta del gobernador chavista Rodríguez Chacín, lideraba la mayor banda de delincuencia que venía operando en el país, pero según los expertos, hay en activo otras nueve similares a la suya.

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