La oposición venezolana entrega las firmas para intentar revocar a Maduro
INTERNACIONAL
El secretario de la MUD es agredido por chavistas en los aledaños del Consejo Electoral
13 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El proceso de destitución del presidente venezolano está un paso más cerca, al lograr la MUD entregar en el Consejo Nacional Electoral (CNE) las firmas y la documentación necesarios para poder iniciar los trámites formales, a pesar de los grupos chavistas que se concentraron en las inmediaciones para tratar, una vez más, de impedirlo.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, entregó las primeras 2.000 firmas con las que el CNE debería proporcionarle los formularios para reunir las 192.000 rúbricas necesarias (el 1 % del padrón electoral) para iniciar formalmente el proceso de destitución de Nicolás Maduro. En un paso posterior, los opositores deberán conseguir casi 4 millones de firmas (el 20 % del censo electoral) para que se convoque el referendo revocatorio. Torrealba, junto con otros manifestantes opositores, fue agredido por los grupos chavistas a las puertas de la sede del CNE.
Tras el cuarto intento de conseguir los formularios, el órgano electoral debería entregar este jueves a las fuerzas opositoras las plantillas que hasta ahora fueron rechazadas por «no cumplir los requisitos mínimos que dicta la Constitución», según declaraciones de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena en televisión.
La oposición da este paso al día siguiente de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional la Ley de Amnistía, lo que provocó multitud de reacciones locales e internacionales de condena. Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que están «muy decepcionados [...], teniendo en cuenta que el Gobierno solicitó nuestra opinión legal y le manifestamos que, en general, estaba en conformidad con los estándares de derechos humanos».
Polémica comisión de la verdad
El Gobierno venezolano reaccionó a la declaración de Shamdasani a través de la canciller, Delcy Rodríguez, quien «lamentó» una declaración que «ha desatendido doctrina internacional en materia de amnistía para complacer a la derecha venezolana».
La comisión de la verdad que propuso Maduro, para examinar todos los hechos del 2002 al 2014, poco antes de la anulación de la Ley de Amnistía tampoco está libre de polémicas. Bajo la dirección del vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, la fiscal general Luisa Ortega y el defensor del Pueblo, Tarek Saab, cuya imparcialidad fue puesta en duda por la ONU en el 2015, el garante de lo que se en ella se acuerde sería el expresidente colombiano Ernesto Samper, secretario general de Unasur. Maduro afirma que invitó «a cuatro voceros que la oposición está eligiendo», pero Torrealba desmintió que la oposición vaya a participar en ella. Para Provea, una de las instituciones más respetadas en el país en materia de derechos humanos, esta comisión «banaliza el trabajo que han hecho otras comisiones por la verdad en materia de derechos humanos». La institución había solicitado un mecanismo similar en el 2002, cuando los violentos disturbios en Caracas dejaron 17 muertos y provocaron el desalojo del poder durante tres días de Hugo Chávez.
A petición de Samper, los expresidentes José Luis Rodríguez Zapaterom Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá) acompañarán a esta comisión, que quedó instalada este martes.