La mayoría opositora de la Asamblea Nacional venezolana aprobó esta semana en segunda discusión la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Con ello dio cumplimiento a uno de sus principales compromisos electorales pero no implica forzosamente que los 5.000 potenciales afectados vayan a beneficiarse de ella de inmediato. Maduro y los suyos han reiterado su negativa a aplicarla. Ellos son lo que ostentan, de momento, el poder real.
03 abr 2016 . Actualizado a las 18:26 h.Nicolás Maduro no esperó el resultado de la votación que el pasado martes a las once de la noche zanjó un tenso debate en el que llovía sobre mojado. Aunque una vez que reciba el texto legal tiene 10 días para revisarla y promulgarla, ordenando su publicación en la Gaceta Oficial, en una de sus cotidianas peroratas televisivas transmitida en cadena durante el debate, reiteró por enésima vez su estribillo favorito: «Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas». Se olvida de que el líder supremo de la revolución, su venerado comandante, decretó dos amnistías a lo largo de sus mandatos, una en el año 2000 y otra en el 2007 de las que, eso sí, se cuidó de excluir a los presos más emblemáticos.
El chavismo y sus subproductos políticos, algo que tratan de cuidar siempre son algunas de las formas democráticas más elementales para salvar las apariencias, dejando así un cómodo margen de maniobra para aquellos grupos o personajes progresistas afines cuando se ven en la tesitura de posicionarse frente a sus atropellos.
Siguiendo esa dinámica, van a plantear ante su Tribunal Supremo una cuestión de inconstitucionalidad que, aunque carezca de ningún fundamento, prosperará, porque para eso lo remodelaron a la medida de sus necesidades en el último minuto. Atendiendo a la letra de la propia constitución bolivariana -artículo 29-, la Ley de Amnistía solo podría ser declarada inconstitucional si los beneficiarios de la misma hubiesen incurrido en crímenes de lesa humanidad o violación de derechos humanos, que no es el caso.
5.000 potenciales beneficiarios
Según el texto aprobado el martes, el objeto de esta ley es «conferir amnistía general y plena a favor de todos aquellos ciudadanos bajo investigación criminal, administrativa, disciplinaria o policial, y a procedimientos administrativos o penales con ocasión de protestas políticas y posiciones disidentes». Esta Ley de Amnistía supondría también la finalización de las inhabilitaciones políticas y los procedimientos relativos al allanamiento de la inmunidad parlamentaria.
Si algún día se llegar a aplicar, se estima que afectará a unos 5.000 venezolanos, de los cuales 115 se encuentran actualmente en prisión. Los rostros más mediáticos son los de Leopoldo López, líder de uno de los principales partidos de la oposición, que recientemente fue condenado a casi 14 años de cárcel en un juicio carente de las garantías más elementales, Antonio Ledezma, el veterano alcalde metropolitano de Caracas, que lleva más de un año preso en su propia casa, a la espera de juicio y María Lourdes Afiuni, la jueza detenida desde hace tres años por orden directa de Chávez, por haber decretado la libertad provisional del un banquero preso que no era santo de la devoción del Comandante, entre otros.
Pero también beneficiará a Mateo, Ricardo y Luis, los protagonistas del estremecedor documental «La Tumba» presos en los calabozos de la Policia política, que como otros anónimos ha sido detenidos por guarimberos o simplemente por haber acampado frente a la sede de Naciones Unidas, por ejemplo.
Otros esperan la ley fuera, entre ellos algunos líderes del paro petrolero del 2002, que llevan años en el exilio deseando, no ya recuperar sus puestos de trabajo, sino el poder regresar a sus hogares si es que siguen existiendo.
De esta realidad son conscientes los líderes de la oposición. El mismo día que se aprobó la ley Amnistía se inició la discusión de otra ley que precisamente busca reestructurar el TSJ y nombrar nuevos magistrados.
También han puesto ya en marcha otros mecanismos constitucionales para desalojar del poder a Maduro, que es el principal obstáculo para el avance de cualquier cambio.
Tampoco se descarta la intervención de la eficiente diplomacia vaticana, hábil y discretamente dirigida por el papa Bergoglio que ya demostró hasta donde puede llegar con su mediación entre los Castro y Obama. Lo más preocupante sigue siendo la obstinación de Maduro Moros y su cohorte,de morir matando y con las botas puestas.