La Ley de Amnistía radicaliza la división entre Gobierno y oposición venezolanos

Los diputados chavistas tratarán de frenarla en el Supremo y Maduro no la refrendará


CARACAS / CORRESPONSAL

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, se burlaba el lunes de la agenda de la Asamblea Nacional venezolana para el día siguiente: «La oposición es un fraude [?], el único punto para discutir mañana es la llamada al diálogo del papa». Al día siguiente, a Cabello y la fracción minoritaria del Gobierno en el Parlamento se les congeló la risa. Usando el factor sorpresa que tantas veces aplicó el Gobierno cuando tenía mayoría en el legislativo, la oposición aprobó la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, con la que tratará de devolver la libertad a Leopoldo López, Antonio Ledezma y casi un centenar de presos políticos.

El chavismo montó en cólera. Nicolás Maduro afirmó que «la ley no va a pasar de Miraflores [sede del Gobierno] y el jefe parlamentario del PSUV, Héctor Rodríguez, gritaba que «el pueblo no va a aceptar que liberen a los asesinos». Sin embargo, esta norma, una de las principales promesas electorales de la oposición, tiene una aceptación de entre el 60 y el 65 %. «La ley permitirá la reunificación del país, la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados», señaló el secretario de la MUD, Jesús Torrealba, quien alabó la estrategia para discutir el proyecto. «Si hubiera aparecido en la agenda del día, los grupos violentos financiados por el oficialismo la hubieran saboteado».

Tras la sesión parlamentaria, que culminó a medianoche del martes, el chavismo se cerró en banda y guardó silencio, una muestra de que no habían previsto cómo reaccionar. Un portavoz del grupo oficialista dijo que están discutiendo las estrategias, que, con casi total seguridad, pasan por solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la declare inconstitucional. A fines de la semana pasada, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, advirtió que la Sala Constitucional planeaba hacerlo incluso antes de que la ley fuera aprobada.

El abogado constitucionalista Manuel Rojas Pérez cree que el TSJ tendrá problemas para hacerlo, toda vez que la Constitución establece como facultad exclusiva del legislativo la de decretar amnistías. «Una ley de amnistía no es revisable por la Sala Constitucional, ni siquiera bajo el argumento de la promoción de impunidad», indicó el experto.

El portavoz opositor Timoteo Zambrano señaló que la ley es «para exonerar delitos políticos, cometidos dentro de la acción política», y agregó que gran parte de quienes hoy gobiernan Venezuela fueron amnistiados en los 90, tras dar un golpe de Estado. Agregó que «lo que hicimos está dentro del reglamento [de la Asamblea], no se puede hablar de fallo en el procedimiento».

La reforma del Supremo, una «válvula de escape para una olla a presión»

Porque «el país es una olla a presión que no tiene válvula de escape» la oposición venezolana aprobó ayer un proyecto de reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia que aumenta de 7 a 15 el número de magistrados de la Sala Constitucional, la que hasta ahora ha dinamitado la mayor parte de sus iniciativas parlamentarias. La medida apunta a quitarle al chavismo la mayoría en dicha sala y desatrancar el atrincheramiento que el Ejecutivo tiene en el Supremo.

Según el diputado Luis Florido, uno de los ponentes, los magistrados de la Sala Constitucional ejercen un permanente «fusilamiento de la democracia en Venezuela». La última vez que se aumentó el número de magistrados de la sala, de 5 a 7, fue en el 2004, después de que una sentencia determinara que Hugo Chávez no había sido objeto de golpe de Estado en el 2002. El experto constitucionalista José Hernández cree que el TSJ no podrá declarar inconstitucional este aumento del número de magistrados, porque se está siguiendo el mismo procedimiento que ese año 2002.

Análisis. El choque ya es inevitable

Utilizando la técnica de la sorpresa, la misma con la que el chavismo aprobó las leyes más controvertidas de los últimos 17 años, la oposición se anticipó con las leyes de Amnistía y del Tribunal Supremo, equivalentes legislativos de la estaca de madera en el corazón y la bala de plata. La MUD, tras la Semana Santa, va a la confrontación institucional que durante un trimestre eludió intentando negociar con el Ejecutivo, que usa la Sala Constitucional del Supremo como un suprapoder con el que traba todas sus iniciativas.

La oposición va de frente por dos motivos: porque Maduro está muy débil (dos de cada tres venezolanos lo quieren fuera este año) y porque la oposición se está contagiando del desprestigio del Gobierno, en su afán de preservar la paz social. Que el descontento popular supere tanto al chavismo como a la oposición es una posibilidad real. Y la MUD aspira a mantener la iniciativa política.

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