Hallan los restos de los 28 mineros desaparecidos en Venezuela

La Fiscal General del país ha confirmado que se ha producido la exhumación de cuatro cadáveres, pero que están pendientes de los análisis que identifiquen los restos


Caracas

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, anunció que fueron encontrados cuatro cadáveres de mineros masacrados el pasado 4 de marzo en el campamento de una mina de oro ilegal de Tumeremo. Ortega añadió que las autoridades esperan recuperar en breve los cuerpos de al menos 21 de los muertos en esta matanza, ocurrida por el control del oro en una zona selvática. Un testigo, al que ahora protege la policía, narró la matanza a sangre fría de entre 23 y 32 mineros, según fuentes extraoficiales: «A los que iban para la bulla [mina] los separaban, luego los llevaban aparte y les disparaban». Según este testigo, el jefe de la operación llamaba por teléfono a alguien a quien denominaba «el patrón» y le iba contando el desarrollo de la masacre. Otros familiares de víctimas, en su mayoría residentes de Tumeremo, contaron que algunos de los asesinos tenían chalecos antibalas del CICPC (la policía de investigaciones criminalísticas) y del Sebin (la policía política).

El Gobierno, que, empezando por el gobernador del estado de Bolívar, Francisco Rangel, un militar chavista, en un primer momento negó la masacre, centra ahora sus esfuerzos en negar la participación de alguno de sus miembros en ella. Ortega acusó a Jamilton Ulloa, de nacionalidad colombiana, y apodado el Topo, de ser el supuesto patrón que controla la explotación ilegal de las minas de la zona, y emitió una orden de captura contra él.

Aldea tomada

Tumeremo está tomado por el Ejército después de cuatro días ininterrumpidos de protestas y cortes de carreteras de sus habitantes por la desaparición de sus familiares mineros. La oposición, tras el anuncio de Ortega, cargó contra Rangel. El dirigente regional Andrés Velásquez, que fue gobernador, lo retó a revelar «qué esconde». La líder opositora María Corina Machado señaló que tras las declaraciones de la fiscal, el gobernador «debe renunciar». Y los habitantes continúan exigiendo la presencia de Rangel, a quien acusan de permitir la actividad de las bandas violentas que azotan a los mineros ilegales e incluso de lucrarse a través de uno de los exjefes de la policía del estado.

Ortega compareció en televisión para ofrecer los avances de las investigaciones, que cifran en 21 los muertos en la masacre.

A pesar de tener unas de las reservas auríferas más grandes del mundo, la producción de la estatal Minerven, que controla, en teoría, la producción nacional, alcanzó menos de 5.000 kilos en el 2014, el último año del que existen registros. La mayor parte la extrajeron de forma artesanal mineros ilegales que devastan la zona del parque nacional de Canaima donde están situadas las minas.

Una semana antes de la masacre, Nicolás Maduro había anunciado la creación del arco minero de Bolívar, una zona de 12.000 kilómetros que entregaría en concesión a empresas extranjeras para la extracción de oro, diamantes y coltán, el nuevo objeto de codicia de la minería ilegal.

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